Desde julio de 2019, los vecinos de la colonia Parque San Andrés, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, colocaron una enorme manta de lado a lado de la calle que textualmente dice: “Atención vecinos Parque San Andrés. Ante aumento de asaltos y robos, vecinos organizados. Rateros están sobrevolando drones sobre nuestras propiedades, atentos... reportar a policía cuadrante o 911”
El asunto no es menor, se trata de una manifestación de la sofisticación criminal que también recurre al uso de la tecnología. La tecnología no es neutra y está al alcance de todos convirtiéndose en un arma de doble filo, la podemos usar para prevenir el crimen, pero también como un medio potencial –desde la teoría de la elección racional– para acceder entornos perfectos para la comisión de un crimen.
En años anteriores, los medios de comunicación han dado cuenta de cómo las organizaciones criminales de distintas partes del país han recurrido al uso de tecnología. Sobresale que han montado sus propios sistemas de vigilancia para observar desde un lugar remoto lo que acontece en lugares de interés.
Los despliegues de este tipo no han sido minúsculos, un ejemplo de ello es Tamaulipas donde las autoridades reconocieron que en 2015 la policía estatal desmontó un sistema ilegal de vigilancia, integrado por 39 cámaras de video, presuntamente usado para espiar a las fuerzas de seguridad. Por cierto, la delincuencia organizada en 2017 derribó aproximadamente 800 cámaras del gobierno para minar la posibilidad de vigilancia.
Regresando a los drones. No es nada difícil comprar uno, en sitios de venta por internet puedes adquirirlos desde 500 pesos, o también puedes acudir a una tienda de autoservicio y comprarlo como cualquier juguete. Es tan sencillo adquirir un dron, que podría equipararse con las miles de armas de alto calibre que es posible encontrar en tiendas de autoservicio como Walmart en Estados Unidos.
Detrás de la tecnología hay un enorme mercado que orquesta las formas de llegar a las personas interesadas y donde hasta ahora la única regulación ha sido la oferta y la demanda. En las Expos se observa el desfile de ciudadanos “asustados” que demandan más vigilancia, de los gobiernos que la ven como la alternativa más próxima para paliar la petición de seguridad, y por qué no, también los delincuentes. Y para comprar solo se requiere una cosa: dinero.
Así, con este vasto mercado detrás, no es difícil pensar que hay miles de drones sobrevolando la Ciudad de México. Algunos con fines lúdicos, de esparcimiento y hasta científicos, pero otros más para conseguir información privilegiada que permita a los criminales realizar un robo a casa habitación o un secuestro, en entornos que maximicen los beneficios y naturalmente, reduzcan los riesgos.
Sin embargo, en México no conozco cifras sobre la cantidad de drones que existen, pero en Estados Unidos, Draper, en su texto publicado en National Geographic en 2018 da cuenta de que “En este mismo instante el cielo es un hervidero de drones: en 2016, aficionados y empresarios estadounidenses adquirieron 2,5 millones de unidades”.
¿Cuántos drones habrá en México? probablemente muchos menos que en Estados Unidos, pero deben ser al menos decenas de miles, y una parte de ellos está en manos de personas que los utilizan con fines ilegales, deshonestos, voyeristas, o hasta criminales.
Por ello, lo que quisiera plantear en este texto es la necesidad imperante de la construcción social de la tecnología, particularmente aquella diseñada para la prevención del delito, pero con el reconocimiento de que también puede ser y ha sido utilizada por los criminales como lo han advertido los vecinos de la colonia Parque San Andrés.
¿Qué podemos hacer? Sin duda la organización social como la que aquí se reseña es fundamental, sobre todo si hace eco en las autoridades correspondientes –como lo demanda la manta– y en la sociedad. Pero también se requiere de un proceso de regulación y de articulación de la política pública en la materia.
En otros lugares esto ha sido posible, por ejemplo, en Suecia desde 2016 por determinación de la Suprema Corte Administrativa está prohibido el uso de drones con cámaras “a menos que los pilotos tengan un permiso especial de vigilancia”, esto se determinó por considerar que “los drones con cámaras son "vistas como cámaras de vigilancia", lo que podría violar la privacidad de quienes están abajo”.
El tema en la Ciudad de México no es tan ajeno y durante las campañas políticas de 2018 los candidatos a distintos puestos ofrecieron drones como parte de la estrategia de seguridad. Por ejemplo, en Álvaro Obregón, Sharon María Teresa Cuenca del PRI planteó el uso de “drones en las barrancas”. Mientras Liliana del Carmen Huitrón del Partido Verde ofreció “Drones vigilantes y escuadrones aéreos”. Es decir, se advierte la utilidad de este tipo de tecnologías de vigilancia.
Pero nos falta dar el siguiente paso: regular el uso de drones con cámaras para evitar la violación de la privacidad de quienes “estamos abajo” y para garantizar que estos no serán usados con fines criminales.
@CarminaJasso
