Las Reinas Aborteras convocaron a un performance frente a la Catedral Metropolitana para exigir la legalización del aborto a nivel nacional. Portando el distintivo pañuelo verde, las feministas adaptaron la conocida coreografía del colectivo chileno Las Tesis para reivindicar el derecho a decidir. ¡El aborto es del diablo! les dijeron entre rezos y letanías un grupo de feligreses. Un crucifijo fue alzado al cielo como argumento.
La escena no pasaría de ser chusca si el problema no fuera serio. Pero lo es. Hace 20 años, un objetor se cruzó en el camino de Paulina. La niña de trece años fue violada y luego revictimizada por autoridades de filiación panista que le negaron su derecho legítimo a decidir. Durante semanas, fue torturada con grupos provida y fotografías de fetos destrozados. El sistema la obligó a parir a la mala. Gracias al acompañamiento de organizaciones sociales como GIRE, el caso generó indignación y terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde entonces, se han modificado protocolos de atención en caso de violación, se ha comercializado la píldora del día siguiente y varias iniciativas para despenalizar el aborto han sido presentadas en los Congresos locales y federal. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Los objetores están ahí, en las escuelas que no brindan educación sexual adecuada, en los jueces que castigan, en las leyes que prohíben el aborto en caso de incesto, salud mental o enfermedades congénitas. En las autoridades y representantes que tratan un problema de salud pública con dogmas y rosarios bajo el brazo.
México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en tasa de embarazos de niñas y adolescentes causados por violencia sexual, relaciones sin protección o matrimonios forzados. El derecho a decidir solo ha sido reconocido plenamente en la Ciudad de México. El patriarcado es un juez en el resto de las entidades federativas. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al 2019 se iniciaron 2 mil 184 carpetas por el delito de aborto. Las penas contempladas van entre los 15 días y los seis años de prisión.
En Oaxaca, se logró despenalizar el aborto en 2019 a partir de la modificación al código penal estatal. Sin embargo, la Constitución continúa protegiendo la vida desde la concepción. En Hidalgo y en Puebla las mayorías de Morena rechazaron la despenalización. Ni el presidente López Obrador, ni el grupo parlamentario de Morena han sido claros frente a esta exigencia. Con su omisión, protegen al objetor y castigan a la mujer obligándola a parir.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
