Nadie puede prever con precisión una tragedia. Cuando esta sucede, las personas y los gobiernos reaccionan guiadas por su instinto de sobrevivencia. Las primeras, se ven forzadas a sobrepasar el duelo y las secuelas de las pérdidas; los segundos, se ven obligados a responder jugándose su legitimidad y viabilidad política.
México es uno de los varios países del mundo que sabe de estas cosas. Azotado por huracanes, terremotos y crisis sociales, las tragedias por desastres naturales o aquellas derivadas de un cúmulo de acciones y omisiones tocan seguido a nuestras puertas.
La de la Línea 12 del Metro forma parte de la ominosa lista. La tragedia que cobró la vida de 26 personas, lesionó a 103 y afectó la vida cotidiana de millones de personas, requería cumplir con estándares máximos de transparencia y rendición de cuentas. Para generar confianza en las instituciones se requería garantizar derecho irrestricto a la verdad y a la justicia. Y sin embargo, esto aún no se ha logrado.
El informe “Apertura en la L12 del Metro . La ruta del interés público a un año” realizado por el equipo de Estado Abierto del órgano de transparencia de la Ciudad de México es una fotografía de la información existente pero también de la que sigue ausente. A un año del colapso, existe información sobre montos destinados a la indemnización, datos sobre la existencia de acuerdos reparatorios, información sobre bitácoras de mantenimiento, dictámenes técnicos, información general sobre licitaciones.
Sin embargo, la historia completa todavía no está ahí. Se han hecho públicos los peritajes externos de la empresa noruega DNV incluido una parte de la fase 3 que fue desacreditado por la jefa de Gobierno y que por lo mismo debería de ser publicado en su formato original. Una versión parcial y comentada, así como un resumen de observaciones técnicas si está disponible, la versión original y completa no.
El informe relata también cómo todos los días del 2021, cinco solicitudes de información llegaron a 42 instituciones distintas de la Ciudad de México. Las más revisadas por la ciudadanía y que concentran más de la mitad de las solicitudes fueron: el Sistema de Transporte Colectivo, la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios. Del total de instituciones, solo diecisiete hicieron un esfuerzo por publicar información directamente en sus portales.
En contraparte, otros casos muestran las resistencias hacia la apertura. Veintisiete solicitudes fueron clasificadas. Entre ellas, se encuentra información sobre los responsables de tomas de decisiones, datos de auditorías, información sobre sanciones y expedientes de construcción. La información que involucra datos personales sensibles o las que entran en los supuestos de vulnerar el debido proceso, responden a la lógica de la clasificación. Pero las versiones públicas ayudarían a una adecuada reparación del daño.
A la fecha, no se ha hecho público el padrón de personas que han recibido parte de los 376 millones de pesos destinados a apoyos. Tampoco se conoce con claridad la información estadística de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. La información sobre licitaciones y mantenimiento fue clasificada de manera inexplicable.
El informe señala que de enero a diciembre de 2020 se realizaron 78 millones de viajes en la Línea 12. En promedio, 63 mil personas se trasladaban diariamente por este tramo. Todos ellos han tenido que pagar con tiempo y dinero las secuelas de la tragedia. Todos los demás hemos pagado los costos de una inútil politización.
Analista de transparencia y rendición de cuentas. @louloumorales