No es la primera vez que, al calor de las campañas electorales, los candidatos a la Presidencia de la República son llevados a firmar compromisos nacidos de exigencias sociales. Hay incluso quienes lo han hecho frente a notario, como si eso les hubiera forzado a cumplir más allá de la foto. Lo que atestiguamos este lunes con el pronunciamiento de los tres candidatos a la Presidencia de la República sobre las estrategias de política pública para alcanzar la paz es alarmante no solo por la falta de consensos en un tema que debiera estar por encima de las diferencias partidistas, sino por el desdén al proceso de consulta y construcción colaborativa que durante más de dos años desarrollaron 1600 instituciones, con la participación de más de 20 mil personas bajo la coordinación de los jesuitas y la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Lo que la candidata Claudia Sheinbaum hizo con las 117 propuestas fue patear la mesa, es decir, una firma bajo protesta en donde no reconoció ni la militarización de la seguridad ciudadana, ni la crisis de violencia que vive el país. Sheinbaum expresó estar en desacuerdo con partes del diagnóstico que urgen al fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos, a la colaboración con organismos internacionales y a la suficiencia presupuestaria hacia organismos judiciales. Bajo su mando, a estos les espera más austeridad y una reforma que mina su autonomía. Lo que promovió fue la continuidad de un modelo que maquilla cifras sobre desaparecidos y excluye a las víctimas de la toma de decisiones.
Xóchitl Gálvez, de la Coalición Fuerza y Corazón por México, coincidió con la necesidad de desmilitarizar la administración pública y con la urgencia de reconstruir el tejido social a través del diálogo y la participación de las iglesias. Sin embargo, volvió sobre su estrategia de seguridad que poco dice sobre un cambio hacia la política de drogas y que mantiene el enfoque punitivo de construir una megacárcel con condiciones que eviten el hacinamiento.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, coincidió con un ambicioso plan de pacificación que coloca a las víctimas al centro de la política. Compartió la necesidad de fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda; la democratización de la justicia, el fin del prohibicionismo en la política de drogas, la reforma al sistema penitenciario y el fortalecimiento de las policías civiles.
En 2018, en un evento similar convocado por quienes recorrieron el país a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el equipo del hoy Presidente de la República se comprometió con una agenda que modificaría el modelo de seguridad y adoptaría un modelo de justicia transicional para México. Una vez ganada la elección, los compromisos fueron desechados. A los familiares de las víctimas se les cerraron las puertas de Palacio Nacional y a los militares se les otorgó no solamente la responsabilidad de la seguridad ciudadana sino un poder económico y político sin controles, sin contrapesos y sin precedentes en la era postrevolucionaria.
México cierra el sexenio con más de 110 mil desaparecidos que por razones políticas han sido editados de los censos nacionales; con 12 feminicidios al día, con el incremento histórico del delito de extorsión que ha golpeado fatalmente negocios y vidas y con amplias franjas del país controladas por el crimen organizado.
Para que sucedan, los Compromisos por la paz requerirán trascender el proceso electoral e incluir un diálogo con todas las fuerzas políticas con representación en este país. Requerirán dejar el espacio de la politiquería para que, tal y como lo previeron sus autores, entren al terreno de la política pública. De no ser así, una vez en el poder, los políticos repetirán la frase de Lo que el viento se llevó: “Francamente, querida, me importa un bledo”.
