En marzo del año pasado, el Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó y publicó el informe sobre la situación de México en materia de desapariciones forzadas. Unos meses antes y luego de varios años de recopilar evidencia e información sobre el aumento exponencial de desapariciones en México, una delegación de cuatro comisionados visitó trece entidades federativas, se reunió con más de 85 instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como órganos autónomos federales y estatales. También entrevistó y acompañó a decenas de colectivos de familiares de víctimas. En los diez días que duró la visita, 112 personas fueron reportadas como desaparecidas.
El Comité realizó una serie de recomendaciones para lograr una política de prevención efectiva, erradicar las desapariciones forzadas en territorio nacional y lograr que los familiares de desaparecidos estén al centro de las decisiones para acceder a la paz y justicia.
A un año del Informe poco se ha hecho al respecto. Por el contrario, las condiciones mínimas para detener la guerra interna que se vive en México, han sido desmanteladas. El número de desaparecidos en el país es similar al de países como Sri Lanka, Siria y mucho mayor al de países de América Latina que vivieron bajo regímenes dictatoriales.
En su informe, el Comité señala que es indispensable: abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; reconocer los criterios de responsabilidad de los servidores públicos por acción u omisión; visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México e implementar debidamente el marco normativo ya existente. Nada de esto se ha atendido. Hace unos días, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas renunció frente al anuncio del gobierno de que realizaría un nuevo censo para “actualizar” las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No localizadas. El registro nacional inició en 2019 como una obligación establecida en la ley. Se nutre mayoritariamente de datos de las fiscalías y procuradurías y de las comisiones estatales de búsquedas. En un porcentaje menor lo hace de otras autoridades y de la evidencia de personas que se atreven a denunciar. Tanto los colectivos de víctimas como periodistas y defensores de derechos humanos han señalado que la escalofriante cifra de 110 mil desaparecidos registrados al día de hoy, es un subregistro del verdadero infierno en el que estamos sumidos.
En un contexto en el que la principal preocupación del gobierno es la sucesión adelantada, solicitar una revisión de los datos no obedece a tener registros más completos sino a purgar información necesaria para exigir responsabilidades.
Bajo la misma lógica, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos presentó un informe en el que evidencia que la salida del Archivo General de la Nación del personal del Centro Nacional de Inteligencia significó la desaparición de información que consta que existió pero que hoy es imposible de localizar. Llama la atención la sustracción de expedientes sobre militantes de izquierda, las carpetas vacías sobre el EZLN o los expedientes de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad cuyos registros existen, pero con contenidos vacíos.
México está en guerra. Además de desaparecer a manos de autoridades omisas o coludidas con el crimen organizado, las víctimas volverán a desaparecer a manos de quienes prefieren el aplauso sumiso antes que la verdad y la justicia.
