Dice el viejo y conocido refrán que en “arcas abiertas, hasta el justo peca”, por ello, cuando se trata de recursos públicos, cada peso del presupuesto público requiere ser registrado, gastado y vigilado conforme a las prioridades y necesidades de la población.
Desde siempre, las compras públicas han sido consideradas un área de “banderas rojas” y necesaria vigilancia. Esto es porque fuertes sumas de dinero se destinan a este rubro, porque gastar bien implica cumplir con estándares de apertura, calidad y legalidad, pero sobre todo, porque la historia reciente nos ha enseñado que es un área propicia para incubar compadrazgos y alimentar redes de corrupción.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) pone sobre la mesa información preocupante sobre cómo más de 260 instituciones de la administración pública federal han venido realizando sus compras. En la segunda edición del Índice de Riesgos de Corrupción dado a conocer hace unas semanas, se utiliza información de registros públicos para dar cuenta de las prácticas que no han podido ser erradicadas en la presente administración. A partir de un análisis sobre las condiciones de competitividad en las compras, la apertura de la información y el cumplimiento de la ley, se señalan las malas prácticas y se establece un parámetro de riesgos.
En 2021, las instituciones observadas realizaron compras por 473 mil 391 millones de pesos. En primer lugar destacan las adjudicaciones sin competencia, es decir, contrario al carácter de excepción que establece la ley, el año pasado, cuatro de cada diez pesos fueron canalizados a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. ¿Cuáles fueron los motivos para privilegiar a proveedores específicos y qué criterios se siguieron para garantizar la calidad de los servicios y productos? Solo las auditorías, si acaso se realizan, podrán clarificarlo. De igual forma, no se cumplieron con las leyes en materia de contrataciones al otorgar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas o de reciente creación. Las instituciones del gobierno, tan quisquillosas con la fiscalización a organizaciones sociales, parecen tener criterios distintos si se trata de sus contratistas.
Finalmente, una de cada tres licitaciones no cumplió con las obligaciones de transparencia establecidas en la ley. Sin información sobre contratos, propuestas, condiciones y estudios de mercado es difícil garantizar los productos y servicios idóneos.
Si en sexenios anteriores estas ausencias se debían a deficiencias normativas, en el actual obedecen a omisiones que debieran generar correcciones y responsabilidades.
Cabe señalar que dentro de las instituciones con mayores “riesgos” de corrupción destacan las vinculadas al sector salud. El Instituto de Salud para el Bienestar encabeza la lista de riesgos con la mayor suma de recursos otorgados y con mayores incumplimientos. En este grupo también está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con un alto riesgo también está el Instituto Nacional de Cancerología (Incan).
El presupuesto destinado a compras públicas equivale a 10% del total aprobado. Toda estrategia de combate a la corrupción tendría que concentrar sus esfuerzos en mejorar este proceso. Todo lo demás es promesa y espectáculo.
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@louloumorales