Nos prometieron que tendríamos atención y medicamentos gratuitos. Que se acabarían las mafias de la industria farmacéutica, que los recursos se utilizarían de manera adecuada y que nuestro país garantizaría el derecho a la salud, algo así como Dinamarca.
La realidad está muy lejos de ese país nórdico y, por el contrario, es trágica: solo en 2022, más de 15 millones de recetas no fueron surtidas con el medicamento prescrito en las principales instituciones de seguridad social. Así lo registra el Colectivo Cero Desabasto en su último informe: “Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2022”. Este grupo de 103 organizaciones sociales lidereadas por Nosotrxs, se ha dado a la tarea de mapear el desabasto en México para exigir modificaciones que garanticen el derecho igualitario a la salud. Las cifras del desabasto, ya de por sí altas, serían más elevadas si se sumaran los datos del recién eliminado Insabi, de los servicios estatales de salud, del IMSS-Bienestar, del sector privado y de la red de hospitales e institutos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud que no fueron contemplados en el estudio.
A partir de fuentes oficiales, de solicitudes de acceso a la información y de reportes elaborados por pacientes, familiares y profesionales de la salud se tienen datos de primera mano sobre el infierno cotidiano que viven miles de personas.
Frente al desabasto, los pacientes y familiares se han visto orillados a presentar amparos indirectos y quejas que se acumulan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin por ello contar con las garantías necesarias de acceso. Las quejas más frecuentes se relacionan con el abasto de medicamentos para la salud mental, diabetes, parkinson e hipertensión. Para quienes lidian con enfermedades psiquiátricas se enfrentan a la transformación de los hospitales psiquiátricos por un modelo de atención que no acaba de fortalecerse ni presupuestal ni institucionalmente.
El origen de la crisis en el abasto de medicamentos está en el cambio de modelo de adquisiciones realizado por el gobierno federal que concentró las compras y sacó del mercado a empresas que distorsionaban la competitividad pero que contaban con capacidades de almacenamiento, distribución y comercialización. Al modificar las reglas, se presentaron problemas que a la fecha no han podido ser resueltos. La Auditoría Superior de la Federación ha realizado al menos 72 auditorías vinculadas con al adquisición de medicamentos. De este total, seis fueron realizadas a instituciones federales incluidos el Insabi, el IMSS y el ISSSTE. Los resultados muestran que un alto porcentaje de los recursos que debieron destinarse a la adquisición de medicamentos no pudieron ser ejercidos o fueron observados por una serie de irregularidades. Entre las más frecuentes fueron: opacidad, adjudicaciones directas con investigación de mercado incompleta, adquisiciones sin oferta del proveedor adjudicado o sin la evidencia de contar con capacidad de producción ni mejor precio o bien, adjudicaciones a medicamentos que no contaban con licencia sanitaria. Esto generó recuperación de recursos y la acumulación de 60 procedimientos de responsabilidad administrativa. Sin embargo, nada garantiza que el origen del problema vaya a ser resuelto.
Lo que es peor, de acuerdo con Cofepris, en el 2022 se registró un aumento del 142 por ciento de alertas sanitarias por robo, falsificación o adulteración de medicamentos. El desabasto de medicamentos y en particular los psicofármacos, requieren de atención urgente. De no ser así, estaremos orillados, como lo escribió Torcuato Luca de Tena: a que “la verdadera locura no sea otra cosa, que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo ha tomado la inteligente resolución de volverse loca”.
Investigadora de la UdG