Seguir la ruta del dinero público , desde el proceso de aprobación del presupuesto hasta la verificación de que cada peso gastado cumplió con su objetivo, es una de las premisas básicas para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Sin información clara y útil, tanto los ciudadanos como los tomadores de decisiones son como hipermétropes leyendo sin anteojos.
Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación realizó la segunda entrega de los informes individuales de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. Se trata de la primera revisión del ejercicio del gasto de la actual administración. El informe llega con rezago puesto que la primera entrega debió realizarse en junio de este año pero fue pospuesto —sin previo aviso— por la emergencia sanitaria.
El informe llega con rezago y con cinco modificaciones sobre lo originalmente aprobado. Esto significa que se fiscalizará menos y más tarde de lo previsto (29 por ciento menos de lo realizado en ejercicios anteriores).
La organización social México Evalúa ha señalado, con razón, que la reducción del universo de la fiscalización no es en sí un signo negativo puesto que pueden hacerse “tiros de precisión”. Sin embargo, estos ajustes requieren dotar de certeza a través de explicaciones que brinden credibilidad y despejen dudas sobre una fiscalización a modo.
De los 487 informes presentados, un porcentaje importante 76.7 por ciento es sobre gasto federalizado. Esto no es de llamar la atención puesto que escándalos de corrupción develados en administraciones anteriores surgieron de la falta de controles y del desvío de recursos transferidos a las entidades federativas. Sin embargo, la mayor cantidad de revisiones realizadas hasta ahora se centran en el cumplimiento financiero (78 por ciento) es decir, en revisar si se cumple o no con las normas establecidas y solo un escaso 8 por ciento en el desempeño, es decir si se cumple o no con los objetivos contenidos en las distintas políticas y programas gubernamentales.
¿Qué hacer en el contexto actual para dotar de valor social a la fiscalización? Desde hace casi 20 años, la misma pregunta se han hecho organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Al respecto, se han emitido parámetros que apuntan a “abrir” las puertas de la fiscalización para que este ejercicio impacte en la vida de los ciudadanos.
La ruta propuesta es, en primer término, cumplir con estándares de integridad y transparencia dentro de las entidades de fiscalización superior. En segundo lugar, generar acciones de inclusión y comunicación hacia la ciudadanía y, en tercer término, fomentar un espacio de intercambio y aprendizaje entre instituciones, gobierno y sociedad.
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora ha iniciado dos ejercicios pioneros para México: una glosa ciudadana del informe de resultados de la fiscalización en la que se socializan y explican los resultados de las revisiones con miembros de las universidades, cámaras empresariales y grupos ciudadanos. Y una consulta basada en evidencia para la elaboración del programa anual de auditoría que pueda ser incluyente y detonadora del ejercicio de derechos. En el paquete de reformas anticorrupción de 2016 se hicieron modificaciones para una fiscalización que sirviera para mejorar las decisiones sobre las asignaciones, ejercicio y resultados del uso del dinero público. Esa meta, aún no se cumple.
