El 2024 será recordado como el año en el que la mitad de la población del mundo se dio cita en las urnas para renovar la presidencia de más de 60 países distintos. El llamado “super ciclo electoral” sería en sí una buena noticia si se garantizara que los gobiernos son electos bajo condiciones básicas de transparencia, equidad, certeza, participación y demás condiciones de integridad electoral. Sin embargo, las tendencias dicen lo contrario.
La semana pasada se publicó el último informe sobre el Estado Global de la Democracia que realiza la organización sueca Idea Internacional. Para la organización, vivimos tiempos de incertidumbre radical que requiere.
A nivel global, la disputa por el poder se ha recrudecido, generando más competencia pero menos participación electoral: en los últimos 15 años, ésta se redujo en diez puntos con el voto de un 55 por ciento. Es decir, casi la mitad de la población en edad de votar no acude a las urnas. También, entre 2020 y 2024, en una de cada cinco elecciones el candidato o la fuerza política perdedora, rechazó los resultados electorales afectando la credibilidad y legitimidad electoral. Muchos de estos casos fueron litigados en tribunales electorales para ganar por la vía jurídica lo que no se ganó en las urnas.
En general, son más los países con declives en algunos de los indicadores democráticos que los que avanzaron. Mientras uno de cada cuatro países registro mejorías, cuatro de cada nueve empeoraron en el acceso a la justicia, el ejercicio de derechos, la calidad de la representación política y la participación. Los principales declives se encontraron en la Calidad de la representación como en el ejercicio de derechos fundamentales como lo es la libertad de expresión, libertad de información e igualdad económica.
Los países con mayor deterioro democrático en indicadores como se encontraron en Europa y las Américas, lo cual indica que la incapacidad de los gobiernos para procesar exigencias sociales no es exclusivo de países con fuerte desigualdad social.
Ahora bien, comparado con 2018, la mayoría de los países de América Latina tuvo mayor desigualdad y el peor desempeño democrático de los últimos cinco años. Los retrocesos más significativos estuvieron en Haití, Nicaragua y Venezuela, sin embargo, en El Salvador y Guatemala se registran declives en el ejercicio de derechos fundamentales.
En varios países de la región, incluidos Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Perú se optó por una política de “mano dura” para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. La militarización de las fuerzas de seguridad y la creación de estados policíacos o “Estados de Excepción” no han logrado desarticular las redes de macro-criminalidad y sí en cambio, han impactado en el ejercicio de derechos fundamentales.
El control hacia los medios de comunicación, los límites a la libertad de asociación y de expresión y la aprobación de leyes perversas como la de agentes extranjeros que apelan a un supuesto respeto a la soberanía nacional para evitar voces discordantes con el régimen, vulneran el derecho legítimo a la participación política por vías no electorales. En el informe del año pasado, se registró que diez países de la región tuvieron declives en la libertad de expresión mientras que en 2017 solo eran siete. Como si fuera un lujo reservado a solamente unos cuantos, al día de hoy, solo el ocho por ciento de la población del mundo vive bajo un régimen auténticamente democrático. Entender con ojo crítico las causas de la desafección democrática y exhibir el abuso derivado de la pérdida de derechos serán los primeros pasos del siguiente ciclo político en México.
Investigadora de la UdeG