El juego de las corcholatas o la sucesión anticipada promovida desde la Presidencia de la República anuncia el siguiente capítulo de una brutal guerra política. Se trata de la puesta en marcha de una estrategia bien diseñada, conocida como lawfare o ataque por la vía judicial y mediática, en la cual se acusa mucho y se prueba poco.
En la última década, en distintos países del mundo y en particular en América Latina, el llamado lawfare o guerra política —un concepto proveniente de la jerga militar desarrollado por el Mayor Charles Dunlap— se ha estudiado en distintas universidades. Trasladado al terreno político, esta herramienta poderosa ha permitido silenciar, estigmatizar, encarcelar y en algunos casos hasta eliminar de la escena pública, a todo aquel que se oponga al gobierno en turno.
El combate a la corrupción y la defensa de la soberanía han sido instrumentalizados para detonar francas distorsiones autoritarias.
Bajo esta ruta, se promovió en 2012 un juicio político exprés a Fernando Lugo en Paraguay; se realizó la destitución de Dilma Rousseff con la posterior exclusión de Luis Inácio Lula Da Silva de la contienda electoral de Brasil de 2018. En Ecuador se abrieron más de 40 procesos judiciales contra integrantes de la Revolución Ciudadana —incluido el expresidente Rafael Correa— y se renovó el grupo en el poder, pero no sus prácticas. En la Nicaragua de Daniel Ortega, suman más de 180 los líderes partidistas, periodistas y activistas que han sido acusados y encarcelados por “traición a la patria”.
Como si procediera de un manual, estos procesos han sido posibles gracias a la preexistencia de al menos tres condiciones: un Poder Judicial con escasa autonomía, con fiscalías e instancias de investigación que actúan bajo lógicas políticas. El abuso de las prisiones preventivas, las delaciones premiadas y la ausencia del debido proceso permiten engrosar expedientes judiciales rara vez concluyentes.
En segundo lugar, estos procesos son altamente expuestos en medios masivos de comunicación. Con ayuda de propagandistas del régimen, se magnifican escándalos sobre aquellas personas que no forman parte de la camarilla y se invisibilizan o excusan aquellos delitos e irregularidades que involucran a los que son cercanos o políticamente útiles al régimen. Un doble rasero a gusto del ejecutor. Al privilegiar la percepción sobre los hechos, se fomenta el desprestigio y se destruyen reputaciones sin espacio para la presunción de inocencia.
En tercer lugar, se trata de una lucha entre desiguales, en la cual predomina la asimetría de medios y de información. No hay derecho de réplica. Es difícil y caro combatir individualmente la ira de los fiscales.
La agenda que viene para los tres poderes públicos apesta a Lawfare. Las consecuencias las pagaremos los ciudadanos. Esto debiera alertar a las instancias de justicia sobre el efecto de sus decisiones y sobre la responsabilidad histórica que tendrán que enfrentar. No es hora de callar.
Analista de transparencia y rendición de cuentas.
@louloumorales
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