El pasado 19 de noviembre venció el plazo para que quienes buscan conservar su curul en la Cámara de diputados, presenten una carta de intención para lograr una reelección consecutiva.
Para algunos diputados, esta será la segunda vez que prolonguen su mandato puesto que la reforma constitucional de 2014 permitió la reelección de los integrantes de la Cámara baja hasta por cuatro periodos consecutivos. Sin embargo, no será la valoración de su desempeño, la mejora de las condiciones de vida del distrito electoral representado o la articulación de intereses prioritarios los que guíen esta decisión en la mayoría de los partidos. Al igual que en la elección intermedia anterior, serán las cúpulas partidistas y el intercambio de favores los que determinen el palomeo de los aspirantes. A pesar de esta lógica, una aplastante mayoría de 471 legisladores entre titulares y suplentes (179 de Morena, 119 del PAN, 70 del PRI, 37 del PVEM, 33 del PT, 17 de MC y 16 del PRD) probaron suerte y entregaron ya la documentación requerida.
Considerado como un supuesto mecanismo de rendición de cuentas entre legisladores y ciudadanía, la reelección consecutiva fue promovida para lograr la profesionalización del cuerpo representativo, para consolidar una agenda legislativa de largo plazo, para mejorar los mecanismos de control y supervisión de las decisiones y, para finalmente, restablecer el vínculo de confianza entre ciudadanos y representantes. La capacidad de premiar o castigar con el voto ciudadano, dependería no de las filias y complicidades intra-partidistas sino de la evaluación del desempeño de los representantes a través de las urnas.
La realidad es que ante la omisión de una ley reglamentaria, se han propuesto lineamientos laxos que premian el oportunismo y resultan sumamente excluyentes del juicio ciudadano. Tanto el Acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral como el Acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara de diputados permiten que los diputados permanezcan en su encargo mientras buscan la reelección. Se les prohibe el uso de recursos públicos para sus precampañas, pero se les permite contar con todos los recursos inherentes al cargo. De manera opcional y sin tener claro cuál sería el incentivo, se permite renunciar a los apoyos a los que tienen derecho, mediante manifestación por escrito a la mesa directiva.
Aunque se prohiben los actos anticipados de campaña, se les permite acceder a la difusión a sus labores de su función legislativa sin que supuestamente dicha difusión violente las reglas electorales.
La conformación de las fórmulas es completamente flexible puesto que un diputado puede intentar la reelección por un principio distinto al que fue votado (ya sea de mayoría relativa o proporcional), por un partido distinto al que lo postuló originalmente —ya sea de la misma coalición o de otra y también puede hacerlo por una fórmula distinta a la que fue propuesto originalmente. También, si el partido por el que fue electo pierde el registro por falta de votos, podrá reciclarse mediante la postulación por otro partido político.
Esta legislatura ha sido por mucho de las más mediocres que hemos tenido en la historia reciente, el número de acciones de inconstitucionalidad y controversias por omisiones y violación al proceso legislativo, la baja calidad del debate público, y la escasa vigilancia sobre la fiscalización dan prueba del deficiente papel que han jugado como órgano de representación y de control de los demás poderes públicos. Latinobarómetro confirma que los legisladores mexicanos están en el sótano de las preferencias ciudadanas. ¿En serio merecen ser reelectos? A pesar de los partidos, los ciudadanos tendremos la última palabra.