El lunes iniciaron los trabajos de discusión sobre una de las reformas más polémicas y emblemáticas de esta administración: la energética. El objetivo de la reforma presentada en septiembre del año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es regresar al Estado el control de todas las actividades del sector. Los posibles costos económicos, ambientales, políticos y sociales de esta reforma hicieron que una mayoría de legisladores desafiaran las prisas del Ejecutivo y convocaran a un ejercicio de Parlamento Abierto.
La propuesta de un debate público, transparente e informado sobre un tema tan relevante es una buena noticia. Sin embargo, la pregunta es si existen realmente las condiciones y sobre todo las convicciones para que el ejercicio llegue a buen puerto.
Parlamento Abierto es un modelo que busca cumplir con estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. El modelo surge por la necesidad de acercar a la ciudadanía a la labor representativa de los partidos en los Congresos. El abismo entre partidos políticos y ciudadanos ha crecido dramáticamente en los últimos 20 años. A juzgar por la más reciente medición de Latinobarómetro, nuestros parlamentos están hoy en día en el sótano de la desconfianza.
Parte del problema proviene de la forma en la que se debate y legisla. Durante la pasada legislatura, supuestos ejercicios de Parlamento Abierto motivaron amplias convocatorias. La discusión sobre la desaparición de fideicomisos o la Ley de Ciencia y Tecnología fueron incluidos en este formato. Y si bien es cierto que contaron con la participación de distintos especialistas y representantes de organizaciones sociales al final el ejercicio se convirtió en un diálogo de sordos en donde argumentos fundamentados fueron completamente desechados.
Los principios de Parlamento Abierto se encuentran establecidos en la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria adoptada en 2012 con motivo del Día Internacional de la Democracia. En ella se dibujan Congresos capaces de escuchar, incluir, debatir y responder a las inquietudes y necesidades de sus representados.
En México, la discusión sobre la Ley de Víctimas, la Ley General de Transparencia o el Sistema Nacional Anticorrupción se convirtieron en auténticos ejercicios de co-creación entre partidos políticos y sociedad. En su momento, los legisladores no simularon un ejercicio participativo porque desde el principio hubo un punto de acuerdo de las Comisiones responsables que permitió saber qué esperar de cada participante. Entre las reglas y compromisos asumidos estuvo el escuchar distintas voces, llegar a la mejor legislación posible conforme a estándares internacionales y sobre todo transparentar y justificar públicamente el por qué se incluía o excluía una propuesta.
El supuesto Parlamento Abierto de la reforma energética incluye 19 foros organizados en torno a cinco temáticas distintas que serán transmitidos en vivo por el Canal del Congreso hasta el 15 de febrero. Como si fuera un torneo de box, en los acuerdos publicados por la Junta de Coordinación Política queda claro que la prioridad es equilibrar el número de participantes “a favor” o “en contra” de la iniciativa, pero no queda claro cuáles son los compromisos que permitirán llegar a la mejor legislación posible. Parlamento Abierto es mucho más que foros y declaraciones. Que este ejercicio no sea otra simulación.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.
@louloumorales
