La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación, órgano encargado de revisar el buen uso y destino de los recursos públicos, realizó la primera entrega de la fiscalización superior de la cuenta pública 2023 en la Cámara de diputados. La revisión periódica y oportuna sobre la vigilancia de la ruta del dinero fue una exigencia plasmada en la Constitución tras los desfalcos de gobiernos anteriores. Se le llamó pomposamente “fiscalización en tiempo real”, la cual, sin ser inmediata, sí fue diseñada para investigar casos de corrupción, recuperar recursos y corregir el rumbo, es decir, evitar el efecto de tapar el pozo después del niño ahogado.
Estos informes confirman una preocupante tendencia sobre la escasa vigilancia y exigencia a una institución fundamental para el combate a la corrupción. A lo largo de este sexenio, la ASF ha perdido relevancia a partir de la opacidad y el cumplimiento deficiente de sus atribuciones. De manera deliberada y con la complacencia de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de diputados, ha buscado evitar cuestionamientos o debate público sobre sus resultados.
En esta ocasión se recibieron 68 auditorías, apenas el 3 por ciento del total programado. De este universo, más de la mitad se concentró en revisar el uso del gasto federalizado en Estados y municipios y el 7 por ciento se orientó al gobierno federal. Es decir, se revisa mucho más a las entidades federativas que al gobierno federal. Sin embargo, cada Estado tiene su propio órgano fiscalizador y a la fecha no hay evidencia de esfuerzos de coordinación entre la institución federal y las instituciones estatales. Sí lo hay, en cambio, de un intento fallido por terminar unilateralmente el convenio de coordinación contemplado en la ley a través de un oficio enviado en diciembre de 2020 por la ASF a todas las entidades de fiscalización superior, pero que fue ignorado por su falta de validez legal.
En segundo término, en esta entrega fueron observados 606 millones de pesos de los cuales solo se recuperaron 43 millones, apenas el 7 por ciento. Y aunque existen 563 millones por aclarar, la tendencia en esta administración ha sido una disminución en la recuperación de recursos derivados de la fiscalización. Según informes de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, si se toma en cuenta los ejercicios realizados desde la creación de la ASF, existe un decremento acumulado del 96.3 por ciento en el monto de recuperaciones operadas al pasar de 11 mil 097.1 millones de pesos a 414.5 millones de pesos.
Cuando más recuperaciones hubo fue en 2012 con 18 mil 017 millones de pesos recuperados y en 2016 con 14 mil 229 millones de pesos. Lo mismo sucede con la presentación de denuncias de hechos. Según la información de la UEC, de 1998 a 2023 se presentaron 1,178 denuncias. El 97 por ciento corresponde a administraciones anteriores. ¿Por qué si la reforma otorgó mayores atribuciones y capacidades, los resultados no son mejores?
Una primera pista la dibuja el caso Segalmex. Esta compañía paraestatal fue creada durante la presente administración para promover la autosuficiencia alimentaria. A través de los informes de fiscalización se ha registrado un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, sin embargo, la información ha fluido a cuentagotas. La propia ASF reservó información sobre actas de reuniones celebradas para solventar observaciones.
En la Plataforma Nacional de Transparencia registra 3 mil 157 solicitudes de información y 168 quejas. La más reciente generó que el órgano de transparencia ordenara entregar versiones públicas de los 23 expedientes de investigación y 14 expedientes de responsabilidad derivados del caso Segalmex que fueron inexplicablemente declarados como reservados. La próxima administración enfrentará el desafío de exigir cuentas a quienes revisan las cuentas. Si no, tendrá que adoptar la máxima de ojos que no ven, corrupción que se siente.
