Las iniciativas de ley enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum que definen las reglas para la selección de candidatos, campañas y votación de integrantes del Poder Judicial revelan la verdadera naturaleza de la reforma: el control político que se ejercerá sobre las acciones y decisiones de los futuros juzgadores.
Contrario al discurso oficial, lo que se busca no es mejorar el acceso a la justicia. Tampoco es “el pueblo bueno y sabio” el que seleccionará a los mejores y más preparados perfiles. Como si fuera una ovación en la plaza pública, quienes decidirán sobre la integración de las instituciones encargadas de impartir y administrar justicia serán los poderes públicos integrados mayoritariamente por el partido dominante.
La elección extraordinaria del 1º de junio de 2025 renovará la mitad de los jueces y magistrados federales, varios jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a todos los ministros de la Suprema Corte y a los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial este último mejor conocido como la “nueva Inquisición judicial”. Según las iniciativas enviadas por la Presidenta, el Senado de la República emitirá una convocatoria para que en el caso de la federación, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación integrado por cinco personas de “reconocido prestigio jurídico”. Los “expertos” que deberán publicar convocatorias, desarrollar mecanismos y formatos de contacto así como proponer una metodología de evaluación para la selección de los candidatos idóneos tendrán que dedicar muchas horas a la nueva encomienda puesto que se les pide: evaluar perfiles, realizar entrevistas públicas y calificar conocimientos. No está claro si recibirán o no una compensación por su trabajo. Solo a nivel federal, y según cálculos de la organización “México Cómo Vamos”, estarían en juego la selección de 843 juzgadores de entre ¡5 mil 076 candidaturas!
A los “expertos” no se les pide mayor cosa que un título de licenciatura en derecho con antigüedad mínima de cinco años, una práctica profesional de cinco años, nacionalidad mexicana, que no desempeñen cargo de dirección nacional o estatal en algún partido durante los últimos tres años y que no hayan sido condenados por delito alguno “salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial”. Así que si los integrantes de los Comités atropellaron a alguien o tuvieron una conducta negligente, santo y bueno, podrán proponer Ministros. Los expertos seleccionarán a los mejor evaluados en una proporción de diez personas para cada cargo en los casos de ministros, magistrados e integrantes del Tribunal de Disciplina y de seis en los casos de magistrados de tribunales colegiados y juzgados de distrito. Pero, contrario a lo que se piensa, los comités no tendrán la última palabra. A la “conformidad” inicial por parte de los tres poderes sobre los listados para la realización de una selección por tómbola, el Senado aumentó ayer la injerencia política del partido dominante e incluyó una disposición para que sean los poderes de la unión quienes determinen una conformidad total o parcial sobre los listados y en caso de rechazo, se presente un nuevo listado. Además se incluyó que sean ambas cámaras las que mayoriteen al Poder Judicial al acordar postulaciones conjuntas.
A los candidatos tampoco se les pide demasiado, apenas un título en Derecho que puede provenir de alguna de las más de mil 600 instituciones de educación superior que imparten la carrera y con la posibilidad de postularse a varios cargos a la vez. Las campañas correrán a cargo del candidato, el cual no tendrá acceso a medios digitales y electrónicos. Poca información y escasa fiscalización habrá de este proceso en el que la justicia dejará de ser ciega para clavar su espada sobre las diferencias.
Investigadora de la UdeG
