México es un país en el que puedes tener la certeza de salir de casa un día por la mañana, pero en el que no se puede saber si el regreso será a la hora prevista. Un país en el que jóvenes, mujeres y migrantes simplemente “desaparecen”, dejando tras de sí una estela de familias rotas. Un país en el que nueve mujeres son asesinadas cada día y en el que existen tres mil fosas clandestinas con 26 mil restos humanos sin identificar. México es un extenso cementerio anónimo en busca de justicia y respuestas. Es el reflejo de una crisis de derechos humanos que requiere de acciones urgentes, responsables y certeras. Esta dosis de realismo fue la que llevó a Luis Raúl González Pérez a no presentar su candidatura para un periodo adicional a la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El rechazo del gobierno a la recomendación 29/2019 emitida por la CNDH para evitar la vulneración de derechos por motivo de la cancelación del programa de estancias infantiles y los distintos desencuentros con el Ejecutivo anunciaron una sucesión inminente.
Más de 116 organizaciones sociales y 77 académicos agrupados en el colectivo #CNDHAutónoma solicitaron a las Comisiones responsables del Senado que el proceso de selección del nuevo ombudsperson cumpliera con estándares básicos de transparencia y rendición de cuentas. La convocatoria incluyó elementos novedosos que apuntaban a una designación ejemplar: amplia consulta a la sociedad, certeza sobre las fases del procedimiento, transmisión en vivo de las comparecencias, posibilidad de formular preguntas, integración de un grupo de trabajo plural para validar los documentos y máxima publicidad. Se habilitó un micrositio con los expedientes de los 57 candidatos registrados.
Adicionalmente, los Senadores aprobaron un instrumento con catorce indicadores basados en los principios de París, para determinar la idoneidad de los candidatos. Y de manera excepcional se comprometieron a que dicho instrumento sería vinculante con la decisión tomada.
El día de la votación llegó y los Senadores traicionaron su palabra. A regañadientes, las comisiones aprobaron una terna conformada por José de Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Arturo Peimbert, extitular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y María del Rosario Piedra Ibarra, activista e hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra. En ningún momento se hizo pública la ponderación de estos perfiles. En el camino quedaron otros candidatos con buena trayectoria y liderazgo. Nunca sabremos por qué fueron excluidos o por qué los seleccionados son los mejores.
Al no alcanzar la mayoría, la Mesa Directiva del Senado aprobó un contra-acuerdo a partir del cual la terna se puede votar hasta tres veces, sin deliberación y mediante cédula —lo cual impide saber quién votó por quién—. Una ronda de vencidas y negociaciones que terminó sin los consensos necesarios.
Las designaciones públicas, principalmente las que dependen de un órgano de naturaleza política, se han convertido en una manzana envenenada. Los distintos esfuerzos de parlamento abierto, así como la exigencia de contar con información que justifique las decisiones públicas, se han topado con la incapacidad de los partidos por construir legitimidad. Frente a la crisis de derechos humanos se necesitaba estar a la altura. Ayer, el Senado no lo estuvo.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
