Con la finalidad de “erradicar la corrupción, evitar el dispendio y la frivolidad”, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa de ley cuyo objetivo es eliminar o fusionar a 16 órganos de la administración que cuentan con especialidad técnica y que fueron creados para resolver problemas concretos. Estas modificaciones implican entre otras cosas: mayor concentración de poder, reorientación de un presupuesto aprobado de casi tres mil millones de pesos, eliminación de más de tres mil plazas y dilución de la responsabilidad sobre problemas públicos urgentes. De llegar a concretarse, se eliminarían ventanillas de exigencia ciudadana de derechos, instancias de planificación de políticas públicas y se confirmaría que a juicio de este gobierno resulta vano: el derecho de acceso a un medio ambiente sano, el derecho a la igualdad de trato; la no discriminación por color, género u orientación sexual; los derechos de la niñez y los jóvenes; los derechos de los migrantes; el derecho a la buena administración y la cooperación científica internacional con organizaciones sociales y gobiernos locales, entre otros.
De un solo plumazo se elimina la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que es la instancia encargada de evaluar con evidencia —más allá de las palabras— si se está o no combatiendo efectivamente a la corrupción. Aunque en la iniciativa se propone que estas tareas sean asumidas por la Comisión Ejecutiva del Sistema, las modificaciones no garantizan la suficiencia presupuestaria para su operación y manda el mensaje de que las mismas modificaciones pueden hacerse en las entidades federativas. Esto podría significar el inicio del desmantelamiento de un Sistema que no ha terminado de nacer a nivel nacional. Sin duda, es urgente evaluar por qué en lo que va de esta administración no han existido medidas concretas de combate a la corrupción. A contracorriente del discurso oficial, las mediciones existentes nacionales e internacionales indican que no se ha avanzado en el combate a la corrupción y que, por el contrario, prevalecen serias deficiencias en materia de información, investigación y desmantelamiento de redes de corrupción. En síntesis: es el mismo infierno, pero con distinto diablo.
En la lista de organismos desechables aparecen el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ( Conapred ), el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis ), el Instituto Mexicano de la Juventud ( Imjuve ), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ( Sipinna ), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Inapam ) y la Coordinación General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados ( Comar ).
En materia de generación de información se propone la fusión a Secretarías de instancias como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ( IMTA ), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Todas estas cumplen con la producción de datos para la toma de decisiones. El IMTA es un centro cuyas capacidades de investigación han sido reconocidas internacionalmente y cuya tecnología es utilizada para cosas tan prácticas como detectar si el agua de un río está o no envenenada con arsénico. Todo diseño administrativo necesita evaluar con qué recursos se enfrentarán problemas públicos urgentes. Pero todo esto parece inútil frente a la necesidad imperiosa de repartir dinero, fortalecer clientelas y tomar decisiones a ciegas o sustentadas en “los otros datos”. Y en este escenario exigir respuestas frente a la vulneración de derechos es un vil estorbo.
