En 1850, un grupo de diputados franceses del ala más conservadora, adeptos al partido “del orden, la seguridad y las buenas costumbres”, promovieron y aprobaron la Ley de Burgraves. Esta modificación imponía nuevas restricciones de residencia a quienes quisieran ejercer el derecho al voto. Con ello, se excluía a un tercio de los votantes, dando al traste a una de las conquistas más importantes de la Segunda República: el derecho al sufragio universal en ese momento solo masculino.
Con mucho tino, el artista Honoré Daumier retrató el momento con un grabado en el que ilustró a los monarquistas como pequeños Liliputienses amordazando a un Gulliver llamado sufragio universal.
La fórmula de un o una ciudadana, un voto; es decir, la igualdad y libertad de todos frente a las urnas, es hoy en día uno de los principios más elementales de la democracia. Y sin embargo, este principio que merece un respeto excepcional, enfrenta amenazas de perseverantes y poderosos “liliputienses”.
La primera es la desinformación. Las versiones sobre una supuesta entrega de paquetería electoral adulterada, la entrega de marcadores mágicos que se borran por parte de capacitadores asistentes electorales, la manipulación del sistema de resultados preliminares por supuestos infiltrados o la posibilidad de votar con una identificación distinta a la credencial electoral son algunas de las falsedades que han circulado en redes y afortunadamente desmentidas por la autoridad electoral.
La segunda es la violencia exacerbada. A diez días de la elección, 88 políticos han sido asesinados a sangre fría. Varios de ellos a plena luz del día y durante actos de proselitismo sin que haya indignación generalizada entre todos los contendientes o por parte de los encargados de brindar seguridad. La normalización de la violencia ha hecho que 720 políticos sean blanco de agresiones y amenazas, según registra la consultora Etellekt. Los candidatos están a merced del crimen que impone a base de balas su voto.
La tercera es la disputa judicial. La ley contempla al menos seis causales de nulidad cuya responsabilidad recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro de estas se incluye la utilización o recepción de recursos de procedencia ilícita para las campañas o el desvío de recursos públicos con fines electorales. Es también causal de nulidad la detección de irregularidades en el 20 por ciento de las casillas instaladas en el distrito.
El tono que han tomado las campañas electorales no deja lugar a duda de que varios contendientes harán lo necesario para que la disputa por el poder no termine en las urnas. Sin embargo, nuestro sistema electoral, diseñado a prueba de mapaches, cuenta con diques que hacen imposible cometer fraude el día de la elección. Entre ellos están el registro de las sábanas de votación, las misiones internacionales de observación electoral o los más de 23 mil 592 vigilantes registrados. Están, el casi millón y medio de ciudadanos elegidos al azar que han aceptado ser funcionarios de casilla. Como autoridad, el día de la elección, habrán de resistir, como lo han hecho antes, las presiones y mañas de los partidos políticos y sus simpatizantes. Ellos merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Por parte de las autoridades necesitamos las máximas garantías para su seguridad y buen desempeño.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.
@louloumorales
