Dice el viejo y conocido refrán que lo que mal empieza mal acaba. A seis meses de realizarse la primera elección por voto popular de al menos 881 juzgadores a nivel federal, las omisiones y vacíos de información muestran los primeros tropezones de una reforma maltrecha. Según el calendario contemplado tras la reforma judicial, el 15 de diciembre fue el plazo para que los comités de evaluación, de los tres Poderes de la Unión, dieran a conocer el listado de quienes cumplen con los requisitos legales para ser magistrados, jueces y ministros. A los tres comités integrados por cinco personas cada uno, se les otorgó un plazo de 20 días para revisar más de 49 mil expedientes. Sin embargo, no todos los comités tuvieron las mismas cargas de trabajo, y por ende, no todos cumplieron por igual. Del total de registrados, más de la mitad (54.9 por ciento) lo hizo a través de la plataforma del Poder Legislativo; el 37.3 por ciento lo hizo por la plataforma del Poder Ejecutivo y solo el 7.7 por ciento lo hizo ante el Poder Judicial. Este último comité fue el único que contó con un apartado en el que cada aspirante puede aportar pruebas para la evaluación de su honestidad y buena reputación. Los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivos y Judicial dieron a conocer sus listados en tiempo y forma mientras que el del Poder Legislativo publicó un listado inicial parcial que después fue modificado. En un comunicado, el propio comité argumentó que la revisión de cada expediente tomaba 30 minutos. Un trabajo que hubiera tomado al menos 228 días y no el escaso plazo que se otorgó.
En segundo lugar, el presupuesto inicial previsto para realizar la elección con todas las previsiones de seguridad, accesibilidad y capacitación fue de 13 mil 205 millones de pesos. Sin embargo, ni el Congreso quiso otorgar el monto, ni la presidenta del INE se presentó en la Cámara para debatir las razones. Con una serie de recortes que afectarán la calidad, vigilancia y accesibilidad ciudadana, se realizará el proceso electoral con una bolsa de apenas 6 mil 219 millones de pesos, es decir, con menos de la mitad de lo presupuestado inicialmente.
Hace menos de un mes se realizó en Bolivia la tercera elección popular de 19 integrantes del Poder Judicial. La ley impide que los candidatos puedan hacer campaña electoral y la divulgación de los perfiles depende de la autoridad electoral. Esto ha generado que la gente vote con escasa información y mucha desconfianza. En los primeros dos procesos electorales de ese país, realizados en 2011 y 2017, los votos nulos y blancos fueron superiores al 60 por ciento de la votación emitida. En el 2024, hubo una participación del 82 por ciento, pero por irregularidades en el proceso de selección de candidatos, en cinco de los nueve departamentos la elección se realizó de manera parcial. La información sobre quiénes eran los candidatos y cuáles eran sus méritos fue escasa. Votaron a ciegas, por desconocidos.
En México, hasta ahora poco se sabe sobre quiénes son y con qué méritos cuentan los aspirantes a cargos judiciales. Los requisitos de ley son pobres: tener un título en Derecho, contar con cinco años de experiencia, presentar cinco cartas de recomendación y encomendarse a la Virgencita para que el azar los premie. Organizaciones como la CIDH han alertado sobre los riesgos de eliminar la carrera judicial frente a las interferencias políticas, privadas o criminales en la impartición de justicia. Distintas organizaciones sociales como Práctica Lab y Designaciones han insistido en la necesidad de transparentar cada fase del proceso y cada uno de los expedientes. Sin información, sin recursos y sin capacidades no podrá resolverse lo que todos queremos: un mayor y mejor acceso a la justicia, sin distinciones.
Investigadora de la UdeG.
