Imagine que minutos antes de iniciar una competencia de atletismo le cambian las reglas, la categoría y le dicen que podrá correr, pero montado a caballo. Algo así de absurdo y preocupante estamos viendo con el triste espectáculo del ejercicio de ratificación —más que revocación— de mandato.
A poco más de tres semanas de concretarse, queda claro que el Presidente y su partido están dispuestos a hacer de la Constitución y las leyes electorales, un traje a la medida de sus ambiciones.
Si las prácticas y violaciones a la ley concretadas en estas semanas aplicaran solo a la ratificación, el asunto sería grave, pero quizás las consecuencias no pasarían de que el Presidente termine el mandato de seis años para el cual fue electo democráticamente.
El problema es que, sobre la marcha, sin pluralismo y a base de mayoriteo se han hecho trampas y roto los acuerdos necesarios para garantizar que la expresión de distintas preferencias electorales se realice de manera legal y civilizada.
Bajo esta lógica hemos visto que, si bien se alcanzó ampliamente el porcentaje de firmas necesarias para solicitar el ejercicio de revocación, desde la recopilación de firmas hubo irregularidades. El INE registró diversas inconsistencias como las firmas de personas encarceladas, fallecidas o dadas de baja en el listado nominal. El uso y acceso ilegal a datos relativos al Registro Federal de Electores o al padrón electoral es un delito que se castiga con penas que van desde multas hasta cárcel. El asunto habrá todavía de ser investigado.
También hemos visto la opacidad en el origen de los recursos que han producido lonas, bardas, promocionales adheribles además de 278 anuncios espectaculares en 19 entidades federativas promoviendo la ratificación de mandato.
Recursos que pueden provenir de “donaciones desinteresadas” como se ha dicho o también de fuentes ilícitas. Hasta que no se cumpla con la fiscalización no habrá certeza en este tema.
Hemos conocido del condicionamiento de derechos como los programas sociales o las vacunas si el Presidente no es ratificado. Estos abusos que están explícitamente prohibidos y que deben ser sancionados por ley, están a la vista de todos.
Si los excesos de gobernadores, diputados y presidentes municipales llevaron a prohibir que los funcionarios hicieran propaganda gubernamental y se aprobaron periodos de veda electoral, estos han sido sistemáticamente violentados. El INE acumula más de 80 quejas contra funcionarios que desde sus posiciones de poder han hecho propaganda política. Para escapar a las posibles sanciones, la mayoría de Morena en el Congreso argumentó la semana pasada que estas leyes, que ellos mismos aprobaron, violentan el interés legítimo y la libertad de expresión. Por lo tanto, aprobaron una nueva interpretación de propaganda electoral que permitirá a los funcionarios y al Presidente hacer campaña. En el Senado, con toda la resistencia posible, la mayoría se apresta a ratificar esta aberración.
La ratificación de mandato no parecía un asunto urgente ni necesario. Ahora sabemos que el objetivo era imponer un nuevo modelo electoral que seguramente se verá tanto en las elecciones de este año como en las que vienen. Lo que no es seguro es que estas reglas generen las condiciones de paz y democracia que el país se merece.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.
louloumorales