El 28 de septiembre de 2011, organizaciones sociales brasileñas bloquearon con 594 escobas el acceso a las puertas del Congreso. Esta protesta singular buscaba demostrar el hartazgo ciudadano frente a los constantes casos de corrupción.
La víspera de la manifestación, las mismas escobas pintadas de amarillo y verde —los colores de la bandera brasileña— habían sido incrustadas en las playas de Copacabana. Ahora eran entregadas en mano a los 513 diputados y 81 senadores para que “barrieran la corrupción” y lograran que los recursos públicos se reflejaran en la mejora de servicios.
Desde 1999, el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral de ese país impulsó una iniciativa popular para conjurar la compra de votos y el uso de la maquinaria administrativa en tiempos electorales. Esto dio como resultado la famosa Ley Ficha Limpia que incorporó 17 nuevas hipótesis de inelegibilidad. Entre ellas: la imposibilidad de competir si se ha sido condenado por algún delito de corrupción a partir de una sentencia definitiva o dictada por un órgano colegiado. De entre los delitos contemplados están distintos delitos de corrupción además de tráfico de droga y acciones en contra de la vida o la dignidad sexual.
La idea de esta iniciativa fue contar con mejores perfiles para la competencia electoral. Sin embargo, posterior a esta ley, los casos de corrupción aumentaron. Y, por el contrario, se generó el efecto “ficha sucia” que ha terminado por debilitar a la democracia brasileña.
Bajo los mismos argumentos de combatir la corrupción, expedientes de dudoso sustento han sido usados para descarrilar enemigos electorales. El ejemplo mas evidente es el caso del expresidente Lula Da Silva, quien después de 580 días en la cárcel aún busca recuperar sus derechos políticos con un juicio renovado.
En México corren ya las precampañas electorales junto con la recolección de firmas para las candidaturas independientes. En disputa están 15 gubernaturas y más de 21 mil cargos públicos.
Una de las principales inquietudes ha sido respetar las reglas existentes sobre la equidad electoral, es decir, que todos los candidatos cuenten con condiciones similares para la competencia. En la Constitución se establece que no se puede utilizar el poder público a favor o en contra de cualquier candidato, que los funcionarios y gobiernos no pueden intervenir en los procesos electorales con dinero y recursos públicos y que actores ajenos a la contienda deben respetar los principios de imparcialidad y neutralidad.
Lo que se pretende evitar son intervenciones desafortunadas como el uso de programas sociales de dudosa transparencia con fines electorales; el ungimiento de candidatos predilectos con el apoyo de aparatos burocráticos y las campañas desde espacios privilegiados de poder como la Presidencia, las gubernaturas y los cabildos municipales.
El INE dictó una serie de lineamientos para evitar que esto suceda. La discusión pública se ha centrado en limitar el efecto propagandístico de las conferencias mañaneras del Presidente, sin eliminar su existencia. Los parámetros para la equidad implican mayor vigilancia al ejercicio de recursos públicos en los tres niveles de gobierno. El debate debiera incluir la calidad y veracidad de la información que nutre el debate público y que marcará el tono de las campañas electorales. Es decir, más allá de las “fichas sucias” urge que los partidos cumplan con su obligación de informar quiénes son, de dónde vienen y qué proponen quienes pretenden gobernarnos.
