En estos días el gobierno federal ha tratado de explicar ―a su manera― los supuestos diez beneficios del proyecto de reforma electoral promovido por el Presidente de la República. Con verdades a medias, se insiste en que habrá mejor uso del dinero público, mayor y mejor participación ciudadana, racionalidad en el financiamiento a los partidos políticos y calidad en la representación política al reducir el número de legisladores y lograr la pureza de la vía proporcional.
Lo que está sobre la mesa, ya no cabe duda, es el control de los órganos electorales propuestos por los tres poderes públicos pero ratificados a través del método poco convencional del voto popular. Se busca también la concentración en el uso de los recursos públicos con clara ventaja del partido en el poder y la eliminación de los órganos públicos electorales locales y tribunales sin clarificar cómo se absorberán las funciones que hoy realizan. Se quiere eliminar el servicio profesional electoral, controlar el padrón electoral y evitar el desarrollo de procesos electorales libres, competitivos y ciudadanizados. Lo que se quiere entonces, no es un árbitro austero y neutro sino un órgano que ayude a que el partido en el poder logre perpetuarse a la mala.
La propuesta de reforma electoral no puede leerse aislada de la discusión que paralelamente se desarrolla en el Congreso sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2023.
En un análisis sobre los riesgos del presupuesto, recientemente publicado por la organización México Evalúa, se puede comprender con claridad el tipo de ciudadanía que este gobierno busca consolidar. No se trata de una ciudadanía organizada, informada y capaz de ejercer derechos. Sino más bien, se busca un país de clientelas dependientes, desorganizadas y dóciles. Desde esta perspectiva, el gasto está estructurado bajo una lógica de control político-electoral. Solo así se explica cómo las pensiones para adultos mayores ―programa estelar de esta administración― concentrará el 35 por ciento del gasto total en transferencias.
De 2018 al 2023 este programa ha tenido un crecimiento ¡de 629 por ciento!, a pesar de que la evidencia muestra que es regresivo, que no beneficia a los más necesitados, ni ayuda a abatir las causas estructurales de la pobreza. Al contar con un acceso universal a las pensiones, el 20 por ciento de la población más pobre obtiene el 7.7 por ciento de los recursos mientras que el 20 por ciento más rico obtiene la misma proporción.
El análisis documenta que por primera vez en una década la proporción de recursos destinados al gasto social sin clasificación geográfica o localizados en la Ciudad de México es del 87 por ciento. Con ello, los 15 programas con mayores recursos para 2023 se ejercerán en la Ciudad de México y de los 71 restantes solo 14 tendrán recursos clasificados en las 31 entidades. Al no contar con clasificación geográfica determinada, las transferencias podrán destinarse a voluntad con clara utilidad en contextos electorales.
Si este gobierno pensara en cómo garantizar derechos a los ciudadanos, no se habrían sacrificado o recortado programas dedicados a la salud, la educación, la seguridad o el medio ambiente como se refleja en el presupuesto. El Anexo 13, destinado a la equidad entre hombres y mujeres, no integraría programas que nada tienen que ver con la igualdad, tampoco se hubiera recortado el presupuesto para ciencia ni se hubiera agregado un recorte de último momento de más de 4 mil millones de pesos al árbitro electoral.
Hace más de tres décadas las principales exigencias ciudadanas lucharon por conquistar derechos y derrocar a un régimen paternalista y autoritario. Hoy estamos de nuevo frente al mismo dilema.
Analista de transparencia y rendición de cuentas. @loluloumorales
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