Por órdenes presidenciales, el Senado de la República se apresta a aprobar una iniciativa de ley destinada a poner contra las cuerdas a la sociedad civil organizada. Bajo el ya trillado pretexto de combatir la corrupción, mejorar la transparencia en el manejo de los recursos y promover la responsabilidad social, se proponen una serie de modificaciones a las leyes tributarias federales que afectan gravemente la viabilidad de las llamadas donatarias autorizadas.
Durante muchos años, en México, las organizaciones sociales existieron de manera informal, al margen de los gobiernos y las instituciones. Sus integrantes se arriesgaron a las consecuencias de señalar los abusos de poder. Muchas, como los colectivos de víctimas de desaparición forzada, siguen funcionando sin mucha estructura, a riesgo de perder la vida.
Pero hay otras tantas que, a contracorriente de gobiernos autoritarios, han logrado consolidarse.
Las donatarias autorizadas son organizaciones sociales que obtienen autorización del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos de personas físicas o morales para realizar actividades en beneficio de la sociedad. El abanico de organizaciones es amplio. Van desde ambientalistas hasta colectivos de mujeres y pueblos indígenas. Según datos del Centro Mexicano para la Filantropía y Fondos a la Vista de Alternativas y Capacidades, actualmente existen 45 mil 766 organizaciones sociales. De este total, solo 9 mil 885 tienen el carácter de donataria autorizada. Todas ellas deben de reportar informes anuales de labores y gastos para poder conservar su registro. Las pocas que reciben recursos públicos están sujetas a estrictas obligaciones de transparencia.
El dictamen contiene disposiciones represivas como la amenaza de perder la calidad de donataria si una organización tiene en común a un representante legal, integrante del consejo directivo o de administración con otra organización a la que se le revocó la autorización. Esto equivaldría al absurdo de imaginar que, si a un vecino lo multan por no pagar impuestos, a usted también lo multarán por el simple hecho de vivir en la misma cuadra.
Otra disposición contemplada es que todos los gastos deben estar respaldados por una factura o comprobante fiscal. Si no lo logran, las donatarias tendrán que pagar 35 por ciento del impuesto sobre la renta por esos gastos. Esto compromete de manera injustificada las actividades de las organizaciones sociales que trabajan en zonas rurales en donde es prácticamente imposible obtener facturas. Pareciera que el gobierno federal quiere el monopolio del trabajo con “sus” pobres aún a pesar de que, en tiempos de crisis, el presupuesto y las acciones requieren sumar esfuerzos para quienes más lo necesitan.
Asimismo, si las donatarias autorizadas obtienen la mayor parte de sus ingresos del ejercicio fiscal de actividades no relacionadas con su objeto social, perderán la autorización y su patrimonio habrá de quedar a disposición de otras entidades autorizadas.
La reforma excluye la posibilidad de que una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica o tecnológica pueda obtener el estatus de donataria autorizada. Esto es porque la constancia de acreditación es otorgada por el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, que solo reconoce proyectos gubernamentales .
La existencia de una sociedad civil fuerte y plural es signo innegable de democracia. Es reflejo de un país en el que se ejerce y se promueve el derecho fundamental a la participación política más allá de la rigidez de los procesos electorales. No será la primera vez que se trata de limitar un derecho fundamental pero que quede claro: esto no es combate a la corrupción.
