La semana pasada, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, presentó ante la Cámara de Diputados, el primer informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2022.
El ejercicio, al igual que los anteriores, podría haber pasado inadvertido si no fuera porque a media presentación, Inés Parra, diputada del partido mayoritario de Morena lo interrumpió a gritos, olla tapada en mano, para espetarle: “destape auditor tapadera, destape la cloaca de la corrupción. Destápelo sin miedo. Encubridores de corruptos, tapaderas”. Sin perder la sangre fría, el auditor continuó hasta que la diputada arremetió con la olla abierta y le arrojó sobre los documentos que leía, varios ratones de plástico. —“Quedará para la anécdota” —acertó a decir el Auditor.
Los reclamos de pocos miembros de la Comisión de Vigilancia se centraron en el formato de la entrega del informe, en el escaso contenido, en lo que consideraron ausencias importantes —como la necesaria fiscalización a la Conade— y en la falta de respuesta a requerimientos de información.
La entrega contó con apenas 86 auditorías de las 2,104 programadas para las tres entregas del ejercicio 2022, es decir, que en esta ocasión solo se presentó el 4 por ciento. Esto es poco si se compara con las primeras entregas de 2016 y 2017. Sin embargo, el universo que se contempla es el más grande que se haya auditado desde la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Las auditorías de esta entrega registran 100 observaciones y buscan aclarar el destino de 61 millones 547 mil pesos. Estas dan cuenta, por ejemplo, de pagos irregulares en Senasica, lo cual se suma al desfalco de la trama Segalmex, uno de los casos de corrupción más visibles de esta administración. También se registra desorden en el manejo de las cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de José Romero Tellaeche y observaciones por más de 26 millones de pesos en los ramos de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solo por mencionar las más relevantes.
Llama la atención, sin embargo, que los integrantes de la Comisión de Vigilancia le pasen la factura al Auditor sin hacerse cargo de sus responsabilidades. La entidad de fiscalización superior es un órgano con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión que depende de la Cámara de Diputados. Es decir, quienes están obligados a exigir cuentas a nombre de la ciudadanía es la propia Comisión presidida actualmente por el PRI e integrada mayoritariamente por Morena. Ellos son los que por ley tienen el mandato de controlar y vigilar al vigilante.
En la entidad de fiscalización superior del país laboran actualmente más de 2 mil personas, muchas de las cuales cuentan con formación, experiencia y trayectoria. Gracias a ellos hemos podido conocer de los problemas en los padrones de los programas sociales de esta administración, de las irregularidades en el ejercicio del presupuesto del Tren Maya, del desfalco en la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, de la falta de adquisición de medicamentos, o de millones de vacunas caducadas por falta de canales de distribución. Sin duda para una fiscalización que sirva para combatir la corrupción, se requeriría mayor vigilancia social y mejor coordinación entre quienes aprueban el presupuesto, quienes lo ejercen y quienes revisan el uso y destino del gasto público. Pero en realidad la cloaca está ya abierta, solo es cuestión de leer lo que aún queda a la vista de todos.
