Poder competir a un cargo de elección popular, sin pasar por el anclaje de los partidos políticos, se convirtió en una exigencia social que logró su reconocimiento en 2012 y que contó con mayor regulación para su concreción a nivel federal tras las reformas de 2014.
La figura de las candidaturas independientes fue promovida como la vía mediante la cual líderes y ciudadanas de distintas trayectorias, podrían zanjar las barreras de un cerrado sistema de partidos, para lograr una representación incluyente.
Como el diablo está en los detalles, las reglas aprobadas contradijeron rápidamente al discurso. Como era de esperarse, a los independientes se les solicitó criterios y restricciones de elegibilidad similares a las candidaturas de partido. Sin embargo, para evitar la proliferación de candidaturas inviables, para promover la idoneidad de los perfiles y para fiscalizar y otorgar acceso al financiamiento público, se establecieron requisitos adicionales. Estos fueron: la postulación mediante una asociación civil con registro ante el Servicio de Administración Tributaria, recopilación en un plazo relativamente corto de un importante porcentaje de firmas vinculado al cargo en disputa y, sobre todo, la validación de la evidencia presentada frente al órgano electoral nacional.
En 2018, se estrenó la figura de los independientes para la Presidencia de la República. De todos los contendientes, solo María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, lideresa postulada con el apoyo del Consejo Nacional Indígena y de amplios sectores de la sociedad, consiguió apoyos sin falsificaciones y sin duplicados como los demás. Con medios propios, fiscalizables y sin redes de clientelas, Marichuy demostró que sin padrinazgos políticos y sin violar las reglas, es prácticamente imposible recopilar en tan solo 120 días, más de 866 mil firmas en 17 entidades de la República.
Este amargo episodio hizo que, para el proceso electoral en curso, los candidatos independientes a nivel federal pierdan atractivo, credibilidad y relevancia. De las 111 manifestaciones de intención recibidas por parte de ciudadanos interesados en postularse a una candidatura independiente, solo nueve lograron registrar su aspiración para la presidencia de la República, seis para el Senado y 45 para la Cámara de diputados. Sin embargo, al momento de validar los apoyos, ningún candidato a la Presidencia logró los apoyos solicitados. Entre los líderes ciudadanos que buscaron su registro figuraban el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; el exdiputado y expresidente del extinto Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes; el actor Eduardo Verástegui y el financiero Manuel Antonio Romo. Para el Senado de la República, ninguno de los seis aspirantes logró validar los apoyos suficientes, algunos de los contendientes eran exlegisladores de Morena en el Congreso como Carlos Alberto Manzo o José Ricardo Delsol; figuraba el exsecretario de Gobierno en Guerrero, Ernesto Fidel Payán Cortina; o Alan Capetillo Salas, vocero en Aguascalientes del Frente Nacional por la Familia. Esta organización se caracteriza por militar en contra de la despenalización del aborto y la divulgación de la ideología de género. Finalmente, para el Congreso, según las últimas cifras publicadas por el INE, solamente 15 aspirantes, cinco mujeres y diez hombres, lograron acreditar las firmas requeridas. Al menos cinco de los independientes de Hidalgo y Tabasco son integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque también hay exfuncionarios y deportistas con escasa trayectoria social. Estos candidatos serán quienes supuestamente desafiarán a las maquinarias partidistas a menos de que sus padrinos los convenzan de lo contrario.
Investigadora de la UdG
