Contar con una vivienda digna es uno de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Carta Magna como en el derecho internacional. Esto significa no solamente gozar de un techo para vivir, sino también confiar en que ese bien puede ser utilizado plenamente y sin miedo a un desalojo. El reconocimiento de este derecho para los trabajadores mexicanos y la enorme desigualdad que existe para poder obtener un bien inmueble o un crédito inspiró la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 1972. Con la retención del 5 por ciento de las aportaciones de cada trabajador, se buscó que accedieran a una vivienda digna. La meta ha estado lejos de cumplirse. México tiene a la fecha un fuerte rezago habitacional. Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el déficit es de más de 8 millones de viviendas de entre las cuales se incluyen tanto las necesidades de mejorar los materiales de ciertas viviendas como la oferta de nuevas casas y departamentos accesibles. Por esto, es una buena noticia que el gobierno en turno plantee la generación de un millón de nuevas viviendas para quienes más lo necesitan. Sin embargo, la reforma aprobada hace unos días en el Senado de la República no acaba de resolver los problemas de opacidad y corrupción que suelen acompañar a los proyectos de obra pública.
Durante muchos años, el Infonavit ha sido utilizado como trampolín político para acceder a otros cargos públicos. En el periodo de modernización de principios de este siglo, se aprobaron reformas y lineamientos que ayudaron a la profesionalización, la mejora en la gestión, el saneamiento de las finanzas y mayor acceso a créditos. Uno de los cambios más relevantes y no sin resistencias, fue la adopción de criterios de transparencia a través de un comité y mecanismos de vigilancia interna. La naturaleza tripartita de la institución en la que participan por igual representantes empresariales, de los trabajadores y del gobierno propició que todos los trabajadores pudieran acceder a información oportuna sobre sus derechos. Esta información se convirtió en pública y accesible a toda la ciudadanía después de la reforma en transparencia del 2014.
Esto no significa que se haya terminado con la corrupción y la impunidad. Los escándalos e irregularidades de la Institución no se limitan al caso Telra Reality documentado por la Auditoría Superior de la Federación tras la gestión del hoy senador morenista Alejandro Murat. Este expediente ha sido utilizado más mediáticamente que fácticamente para hacer ajustes a la institución. En las cuatro auditorías realizadas por la ASF en el periodo que va del 2017 al 2023, se han documentado distintas irregularidades que han dado pie a 85 acciones. Los montos involucrados son superiores a los 6 mil millones de pesos. Solo en el 2020, se identificaron 2 mil 909 denuncias por fraude, corrupción, violación a la normatividad, quejas, phishing, robo de datos personales, acoso y violación a las normas del comité de ética, entre otras.
En la auditoría 2114 publicada en 2023 se realizaron una serie de recomendaciones para mejorar la vigilancia en el uso y destino de los recursos públicos y aún así se registraron irregularidades como pagos y contrataciones de consultorías sin contar con la validación de la documentación necesaria, ni con los entregables. Limitar los controles y la transparencia del uso del dinero de los trabajadores y además crear una empresa constructora filial del Infonavit sin las garantías necesarias para la rendición de cuentas no evitará la corrupción ni ayudará a cumplir con la meta de mayores y mejores viviendas para todos. Pero como dice el dicho: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
Investigadora de la UdeG
