Con 335 días de omisión legislativa, un amparo en ruta y un largo y detallado proceso de designación —que pudo haber sido ejemplar— pero no fue, el Senado de la República se acabó traicionando a sí mismo.
Las cuotas y cuates volvieron a imponerse con el agravante de que uno de los designados, Rafel Luna Alviso , fue el segundo peor evaluado de una lista de 48 aspirantes inscritos. Esto lo sabemos gracias al dictamen publicado en abril del año pasado. En este se puede leer que por tratarse de la conformación del órgano encargado de garantizar la transparencia y el acceso a la información, las comisiones responsables se dieron a la tarea de emitir un acuerdo para incluir las mejores prácticas en materia de designaciones. Querían, declararon en su momento, hacer la diferencia.
Como antecedente, cabe recordar que hasta antes de la última reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la informació n, la facultad de designar a los comisionados recaía principalmente en el Presidente de la República. El Senado solamente podía objetar el nombramiento, cosa que nunca sucedió, pero la selección se hacía a partir de trayectorias conocidas y criterios político-partidistas . Para conjurar el control político de las instituciones y frente a la autonomía constitucional que se le dio al órgano garante, esta función se trasladó al Senado de la República. La primera designación post-reforma se hizo con apertura y bajo una metodología propuesta por un Comité Técnico de Acompañamiento que ayudó a garantizar la idoneidad de los perfiles.
Desde entonces, se trató de mantener un estándar de apertura y vigilancia social en los procesos.
En esta ocasión, se hizo una convocatoria pública, se acordaron cédulas de evaluación sobre las trayectorias de los aspirantes, se publicaron currículums, cartas de motivación, hora y lugar de las entrevistas las cuales fueron transmitidas en vivo por los canales y redes sociales del Congreso. Se acordaron también criterios para la ponderación del desempeño de los aspirantes en las entrevistas. Adicionalmente: “en aras de la participación ciudadana y como ejercicio de parlamento abierto”, las comisiones dictaminadoras invitaron a cinco instituciones académicas y al núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el gobierno Abierto para que conformaran un Consejo de Evaluación y emitieran sus opiniones.
Bajo este criterio, se logró una lista corta con nombres de siete mujeres y seis hombres que además de cumplir con los criterios de ley, demostraron conocimiento y experiencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales. En la lista de mujeres figuraban académicas de larga trayectoria y Ana Yadira Alarcón, quien, a pesar de no contar con los puntajes más altos, en particular respecto a la autonomía e independencia de los partidos políticos dada su cercanía con Acción Nacional, al menos sí mostró conocimientos.
No fue el caso de Luna Alviso quien en todas y cada una de las evaluaciones salió reprobado.
El Senado podría haber realizado un proceso ejemplar, sin embargo, al verse cercados por sus omisiones sacaron al comisionado del sombrero.
Esta designación no solo es reflejo de la cultura de botín que impera en el reparto de posiciones en las que se requieren capacidad, honorabilidad y competencia sino también es muestra del desprecio de este gobierno y su mayoría parlamentaria hacia las instituciones que tienen la tarea de garantizar derechos fundamentales. Esta decisión que ha sido la pauta de otras más las designaciones pendientes: “todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes”.
@louloumorales
