En 2018, veintidós gobernadores del país habían desviado, a la vista de todos, 258 mil millones de pesos del erario público en un lapso de apenas seis años. La aplicación selectiva de la ley originó varios escándalos en medios, algunos encarcelamientos y muy pocas investigaciones para desmantelar redes de corrupción y evitar la reproducción del desfalco. La indignación frente a la impunidad y la promesa del combate a la corrupción fue capitalizada en las urnas. Se detonó entonces un amplio debate para que existiera una #FiscalíaQueSirva.
La principal preocupación de este diverso y nutrido colectivo de académicos y organizaciones sociales estuvo en la designación de un Fiscal no carnal pero también en la necesaria profesionalización y la inclusión de mecanismos de vigilancia ciudadana sobre los actos de una institución en la que se confía poco y en la que más bien suceden episodios siniestros. Este fue el espíritu que acompañó la propuesta de una Ley Orgánica que contemplaba importantes mecanismos de rendición de cuentas pero que finalmente fueron desechados. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos por Hechos de Corrupción está inserta en esta poderosa institución que actúa con muy escasos contrapesos.
Hace una semana, dos organizaciones de la sociedad civil: IMCO y TOJIL revelaron una investigación sobre el panorama de las fiscalías anticorrupción en el país. A partir de solicitudes de información, realizaron una radiografía de las fiscalías anticorrupción que permite comprender los pobres resultados en materia de investigación y procesamiento de delitos de corrupción.
Aunque en la mayoría de las entidades federativas (salvo Baja California y Baja California Sur) ya existe una Fiscalía Anticorrupción, estas no cuentan con recursos financieros suficientes, con personal capacitado o con procesos que brinden resultados satisfactorios. A contracorriente del discurso político, veinticuatro de estas fiscalías operan actualmente con un presupuesto inferior a los 70 millones de pesos. De este universo solo en once hubo incrementos mientras que en 15 de ellas se han registrado recortes con respecto al año inmediato anterior.
En cuanto al capital humano, las capacitaciones han sido limitadas, el número de ministerios públicos es de doce por fiscalía y en cada una existen nueve policías de investigación. Los protocolos de investigación no han sido adoptados por todas: solo dos mostraron evidencia al respecto lo cual es básico para que los procedimientos lleguen a buen puerto. En cuanto a las denuncias, en casi todas las fiscalías se contempla el mecanismo de denuncia anónima, sin embargo, de poco sirve señalar si no hay confianza, si no se detonan investigaciones robustas y si no se utiliza la información para prevenir, desmantelar redes y sancionar los delitos de corrupción. Las fiscalías anticorrupción con mejores capacidades para procesar investigaciones son las de Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato las cuales judicializan el 15 por ciento de las investigaciones iniciadas. Sin embargo, el verdadero nudo se evidencia con un aumento de investigaciones (19 mil 289) que apenas llegan a procesarse frente a un juez (solamente el 4.3 por ciento).
Los datos aportados no solamente nos permiten conocer los flancos débiles de las instituciones a cargo de la importante tarea de investigar y sancionar los delitos de corrupción, sino que también desnudan que al no otorgar recursos, mejorar capacidades y perfeccionar procedimientos, en materia de impunidad se ha preferido hacer mucho ruido para tener pocas nueces.
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@louloumorales
