Javier regresó a su pueblo en el Estado de México porque el restaurante en el que trabajaba cerró sus puertas por la pandemia. A él y a otros cinco compañeros “los descansaron”. Lo que sería una medida temporal, resultó definitiva. El negocio familiar no aguantó los costos fijos, las deudas acumuladas, la imposibilidad de comprometerse con nuevos créditos. Los empleados fueron liquidados, los bienes rematados.
Poco menos de un millón de empleos formales, según las cifras del IMSS, se perdieron en el primer cuatrimestre del año. La cifra más alta en los últimos 20 años. Para el Centro de Investigaciones Sociales para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, los datos son mucho más alarmantes: cerca del 10.8 por ciento de la población económicamente activa está actualmente desempleada.
La pandemia del Covid-19 llegó a los países de América Latina en un momento de crisis. Con un sistema de salud precario, con niveles aberrantes de desigualdad social, con Estados capturados o debilitados por intereses particulares, los más afectados por la pandemia son los más pobres.
Conscientes de esta realidad, a finales de abril de este año, las diputadas Laura Rojas, del PAN; Lorena Villavicencio, de Morena; Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano; Cinthia López Castro, del PRI, y Verónica Juárez, del PRD, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la República a la creación de un Ingreso Único Vital. Se trata de un apoyo temporal de 3 mil 767 pesos, destinado a todos aquellos que están entre la exposición a la enfermedad y la necesidad de una vida digna. Un apoyo que duraría tres meses, con posibilidad de renovación justificada y que sería destinado a población específica. Una ayuda planificada, no condicionada, que podría hacer la diferencia en la vida de 14 millones de mexicanos.
La pertinencia de esta propuesta hizo que 89 diputados de seis grupos parlamentarios diferentes, se olvidaran de sus confrontaciones y se sumaran al consenso de 50 organizaciones de la sociedad civil convocadas por Nosotrxs.
El Ingreso Único Vital considera criterios de vigilancia y transparencia que orientan su ejecución e impacto. Se facultaría al Coneval para la evaluación permanente de sus resultados. También, implica modificaciones normativas para que el Inegi desarrolle un catálogo de grupos poblacionales y ocupacionales susceptibles de cumplir con los criterios de acceso a este ingreso.
El Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL ha alertado sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas de no adoptar medidas contundentes. En lo que va del año, al menos 29 países han aprobado 126 medidas de protección social. Muchas de ellas se han enfocado en aumentar el presupuesto a lo que ya venían haciendo. Otras han entendido la necesidad de reorientar el rumbo.
Si los países de la región no generan políticas públicas específicas para atender la estela de la pandemia, estaremos a las puertas de otra década perdida.
Los mayores aumentos en la pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y el Ecuador y la pobreza en general aumentaría en economías importantes como: Argentina, México, Ecuador y Brasil. México podría tener a finales de año casi la mitad de la población sumergida en la pobreza (47 por ciento). Una tragedia con desastrosas consecuencias. Sin embargo, esto puede evitarse si por una vez prima el consenso y se cumple la anhelada promesa de que primero sean realmente los pobres.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
