Una de las mayores falacias utilizadas por la fuerza gobernante para aprobar con prisas y sin mayor deliberación pública la eliminación de los órganos constitucionales autónomos es la necesidad de “recuperar al Estado”. En palabras de la iniciativa, los cambios corrigen decisiones hechas por una élite neoliberal que durante décadas “se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías”.
El dictamen en materia de simplificación orgánica aprobado en Comisiones a finales de la semana pasada, desaparece siete órganos constitucionales autónomos encargados de tareas que requieren blindarse de sesgos políticos, puesto que involucra el manejo del mercado energético, la medición de la pobreza, el registro de la calidad educativa o el manejo del mercado de las telecomunicaciones. Propone además desmantelar al Sistema Nacional de Transparencia al desaparecer a los 33 órganos encargados de garantizar tanto el derecho a saber como el derecho a la privacidad en todo el país.
A través de una serie de artículos transitorios, el dictamen ordena que, una vez concluido el proceso legislativo, en un tiempo récord de 90 días, se eliminen las bases institucionales y normativas que hacen posible que la transparencia sea un derecho exigible por ley y no una concesión que dependa de la voluntad del Poder Ejecutivo. Encargar esta tarea a la Secretaría de la Función Pública y a las contralorías estatales sin el personal, capacitación y presupuesto suficiente es eliminar de facto la transparencia.
Es falso que la lucha por el derecho a saber sea patrimonio de una sola fuerza política. Muchos de quienes exigieron a los gobiernos que dejaran de mentir, que respetaran la libertad de expresión y que rindieran cuentas de las acciones, decisiones y omisiones ocupan cargos importantes en las filas de Morena. Su silencio e incongruencia frente a este embate es ofensivo. En el año 2000, un grupo de senadores que se decían de izquierda como Rutilio Escandón, Leticia Burgos y Armando Chavarría propusieron la creación de una Comisión de Transparencia porque había que “evitar el ocultamiento de información” por parte de las fuerzas armadas y otros actores. En 2001, el entonces legislador Miguel Barbosa, con el apoyo de Martí Batres, presentaron una iniciativa de ley de transparencia que buscaba promover el derecho a la información y utilizar criterios claros de reserva y clasificación. Personas como Jenaro Villamil y Jorge Islas formaron parte del Grupo Oaxaca que junto con académicos, activistas y medios de comunicación promovieron la aprobación en 2002 de la primera Ley Federal de Transparencia en México. Jaime Cárdenas presentó una iniciativa progresiva en 2010 y otra en 2012. En el mismo año, Lilia Aguilar, del PT, promovió una ley en la materia. Alejandro Encinas fue de los primeros en señalar la necesidad de un órgano garante de la transparencia libre de los caprichos del Ejecutivo y encabezó los trabajos sobre la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información del 2014 al igual que promovió las leyes generales en materia de archivos, protección de datos y acceso a la información. En 2019, el entonces canciller Marcelo Ebrard inauguró la Semana Nacional de Transparencia con el argumento de que la transparencia era esencial para la democracia y sus valores. El listado de las más de 158 iniciativas de reforma vertidas en casi un cuarto de siglo toca a todos los partidos e incluye voces diversas incluidas las que hoy gobiernan. Quienes ahora reniegan de lo que antes legislaron o nunca creyeron en lo que decían o más bien funcionan bajo la máxima atribuida al actor Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.
Investigadora de la UdeG
