Congruentes con la lógica persecutoria detonada por la actual administración, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena y otrora defensora de la diversidad sexual, presentó hace unas semanas, una iniciativa de Ley destinada a neutralizar a las organizaciones sociales. La iniciativa tiene especial dedicatoria hacia aquellas que incomodan al gobierno, es decir, esas que documentan casos de corrupción, le siguen la ruta del dinero ejercido en obras públicas, las que defienden periodistas y libertades, o las que exigen cumplir con los compromisos adquiridos por México para lograr un medio ambiente saludable. A ellas se les exhibe y a la vez acusa desde las mañaneras como golpistas, enemigas y traidoras.
Bajo el pretexto de aumentar la transparencia de las operaciones y trabajos que realizan, la propuesta consiste en reformar, una vez más, un artículo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De esta manera, obligan a las organizaciones autorizadas para recibir donativos, informen de sus actividades al Servicio de Administración Tributaria (cosa que ya hacen) pero que también lo hagan a la Secretaría de Gobernación desglosando el origen, monto y precisando el porcentaje que constituye de sus ingresos totales. La Iniciativa prohíbe que las organizaciones que reciben financiamiento directa o indirectamente de gobiernos o fundaciones extranjeras, puedan influir o modificar leyes o disposiciones ya sea mediante cabildeo o litigio estratégico. De no cumplir con esta restricción, el gobierno podrá revocarles su registro.
Con estas medidas, México violaría las obligaciones que tiene conforme a los tratados internacionales. Los ambientalistas, grupos de periodistas, colectivos de víctimas y muchos más estarían excluidos de los debates sobre políticas públicas y quedarían en la indefensión frente a leyes o disposiciones abusivas.
Si se tratara de una ocurrencia más, de las muchas que surgen en esta administración, no tendría sentido ni mencionarla. Sin embargo, en la pasada Legislatura, se aprobaron con escasa resistencia medidas fiscales que restringen el trabajo de las organizaciones.
La propuesta evoca a las Leyes sobre Regulación de Agentes Extranjeros que han sido promovidas en gobiernos autocráticos con altos niveles de corrupción y restricción de libertades fundamentales. Es el caso de la Nicaragua en donde una ley similar en su justificación, detonó una persecución a periodistas y activistas que prefirieron cerrar oficinas, verlas demolerlas o hasta ir a la cárcel, antes de ser sometidos por el gobierno. En El Salvador de Bukele, una Ley de Agentes Extranjeros amenaza con penas de prisión a quien reciba financiamiento extranjero y “allane el orden público”.
Apenas esta semana Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El capítulo sobre México es un registro de la violencia y la impunidad que existe en el país, bajo responsabilidad de la de la actual administración. Según la organización, en 2021 hubo 7 mil 698 casos de personas no localizadas que se sumaron a la cifra terrorífica de 97 mil denuncias de personas desaparecidas. Lejos de recibir consuelo o reparación sobre lo irreparable, los “buscadores” que se han organizado para encontrar a un hijo, una hija, o un hermano se arriesgan a ser asesinados sin que haya una sola persona detenida. Estos datos hacen pensar que el enemigo imaginario nos destruye como sociedad ya que como cantaba Facundo Cabral, “No busques al enemigo, Afuera de la frontera, El enemigo está adentro, Y usa gorra y cartuchera”.
@louloumorales
