A Luis Morales, in memoriam.
Como un animal de rapiña, desgarrador, invasivo y sigiloso, el cáncer ha sido por años una enfermedad incomprendida. En su brillante ensayo La enfermedad y sus metáforas, Susan Sontag retrató el falso romanticismo y las erróneas interpretaciones sobre las causas de enfermedades como ésta: repentinas, devastadoras, caprichosas. Quizás lo más absurdo, pero también lo más común, sea la explicación de la enfermedad como castigo, como algo de lo que hay que avergonzarse, “como traición del propio cuerpo” escribe Sontag.
Quienes hemos vivido cerca de un cáncer sabemos que la enfermedad no siempre es una sentencia de muerte. La Ciencia ha demostrado que exámenes preventivos y medicamentos adecuados son suficientes para curarla. No sucede así cuando llega de sorpresa, después de un chequeo de rutina o de un cansancio inexplicable. La enfermedad se convierte entonces en el inicio de una batalla de dolor sin tregua. Cada quimio o cada radio es una posibilidad de vida.
Los pacientes con cáncer que acceden a un tratamiento pierden pelo, pierden peso, pierden el apetito. Adquieren una apariencia fantasmagórica y una palidez cobriza apenas llevadera frente a la esperanza de librar la muerte.
Este gobierno ha dado la espalda a millones de mexicanos pobres. A los que no pueden costearse un seguro de gastos médicos mayores y no pueden acceder a un sistema privado de salud. Ellos viven la desesperación del desabasto. No se trata de una construcción política, ni de una calamidad inevitable derivada de la pandemia. Se trata de las consecuencias de decisiones basadas en el prejuicio y la ideología. Decisiones cuyo impacto debe ser asumido con ética y responsabilidad.
El colectivo #CeroDesabasto integrado por 55 organizaciones sociales e impulsado por Nosotrxs se ha dado a la tarea de recabar evidencia. A través de 360 solicitudes de información y con datos de más de 200 instituciones públicas se muestran al menos cuatro hallazgos que necesitan acciones urgentes. El primero es que el problema del desabasto inició desde antes de la pandemia. Cuando el gobierno mexicano decidió trasladar facultades de compras de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el sobrecosto y combatir la corrupción, se vetaron a empresas y se cortaron las cadenas de distribución. Nosotrxs y Poder han documentado que estas medidas no solo no han evitado el sobrecosto, sino que han reducido las posibilidades de transparentar las adquisiciones y han afectado a los derechohabientes. El segundo es que la ausencia de una metodología de control y de una política de gestión de información capaz de registrar y comparar inventarios entre las distintas instituciones de salud pública han propiciado decisiones erráticas. El tercero es que en el último año el número de recetas no surtidas, es decir, la cantidad de personas que no pudieron acceder a un tratamiento fue de 15.9 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social y casi 2 millones en el ISSSTE. De igual forma una de cada cinco recetas no fue surtida efectivamente por las unidades de atención primaria del Sistema Nacional de Salud.
El cuarto y el último es que lejos de colocar a los pacientes en el centro de las decisiones el gobierno ha preferido estigmatizar, negar y desviar la atención para eludir sus responsabilidades. Al igual que en el siglo XIX, se ha preferido mentir sobre la enfermedad y culpar a los que en la peor de las batallas merecen un trato digno.
@louloumorales