El actual proceso electoral ha desatado una pugna por el poder con distorsiones que no habíamos visto en mucho tiempo. A los actos anticipados de campaña se ha sumado la farsa de un supuesto proceso de precampañas con candidatos únicos que han aprovechado para competir con ventaja, es decir, para ganar terreno a la mala desde posiciones de poder. Hemos visto cómo las reglas vigentes son vulneradas a la vista de un árbitro debilitado que inexplicablemente ha renunciado a arroparse por grupos y movimientos ciudadanos apartidistas.
Por la relevancia del cargo y la creciente concentración del poder, la carrera por la Presidencia de la República ha concentrado la mayor atención, energía y recursos. Sin embargo, el principal desafío está en la renovación del Congreso federal pues es ahí en donde residirá la vigencia o la anulación del sistema democrático tal y como lo conocemos hasta ahora.
El llamado “segundo piso” de la cuarta transformación consiste en un paquete de veinte reformas constitucionales adoptadas como programa de gobierno por la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, que tendrá que ser analizado, discutido y votado en el Congreso bajo su nueva conformación.
Estas propuestas han puesto sobre la mesa la instauración de un gobierno autocrático. Detrás de unas atractivas modificaciones normativas que podrían fortalecer derechos sociales -si acaso se otorga suficiencia presupuestaria y adecuada vigilancia del uso y destino de los recursos para evitar su malversación- subyacen cuatro modificaciones que son un auténtico tiro de gracia para nuestra endeble democracia. Estas son: el debilitamiento de los contrapesos entre poderes públicos a partir de la eliminación de la representación proporcional que ha garantizado cierta pluralidad de voces en el Congreso y en los municipios; la selección de jueces, magistrados y ministros vía voto popular; la eliminación de siete órganos constitucionales autónomos como el órgano electoral nacional, el órgano garante de la transparencia y la protección de datos personales o el órgano encargado de evaluar de manera objetiva el impacto de la política social del país y, lo que ha sido el sello de esta administración, más militarización vía el traspaso definitivo de la Guardia nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En este contexto, no ha habido una estrategia de selección y promoción de perfiles idóneos para la integración del Congreso federal. Tanto las dos grandes coaliciones partidistas como el partido de la tercera vía, hicieron la política de siempre, reciclando —en la mayoría de los casos— a la misma clase política sumisa, oportunista e incapaz de cumplir con obligaciones tan básicas como asistir a las sesiones, cumplir con su mandato representativo, mantener un debate medianamente ilustrado, contar con una trayectoria de integridad y leer los dictámenes antes de ser votados.
En los listados de los candidatos que compiten por elección consecutiva existen 209 legisladores federales que buscan conservar una curul por ambos principios. De este total, 100, es decir, casi la mitad pertenecen a la Coalición Sigamos Haciendo Historia y la otra mitad, es decir 107 pertenecen a la Coalición Fuerza y Corazón por México. En Movimiento Ciudadano hay solamente dos personas que buscarán la reelección. En el caso del Senado, son 90, es decir, más de la mitad de los integrantes, los que buscan conservar un escaño. En las demás candidaturas existen premios de consolación de los que jugaron a la precampaña perdida, artistas y reciclajes del pasado que reflejan la nula estrategia por seleccionar los mejores perfiles o el Congreso que necesitamos. Nunca como ahora será necesario revisar perfiles y votar con la información en la mano. Esto si todavía existe algún aprecio por conservar un poco de democracia.