La semana pasada se celebró el 20 aniversario de la publicación de la primera ley de transparencia y acceso a la información en México. Al calor de la primera alternancia en la Presidencia de la República, la ley significó una victoria tras años de debates y luchas a favor de la libertad de expresión y el derecho a saber.
Apenas unos años antes, el movimiento social Alianza Cívica había utilizado el derecho de petición y dos artículos de la Constitución para conocer algo que hoy en día es accesible para todos: el salario del entonces presidente Ernesto Zedillo y el costo de su oficina integrado por funcionarios contratados con recursos públicos. Esta historia que terminó litigándose en tribunales evidenció la importancia de la vigilancia social en el uso de los recursos de todos.
A dos décadas de este reconocimiento normativo, México cuenta con una de las mejores leyes en la materia. Aun así, estamos todavía lejos de contar con un gobierno de puertas abiertas, cómodo frente al escrutinio ciudadano informado. Las leyes actuales obligan a que todo aquél que ejerce recursos públicos registre, informe y divulgue sobre su uso y destino.
Estos años han sido suficientes para generar aprendizajes sociales y rutinas dentro de las instituciones. Lo que antes era una concesión, para algunos es un hábito. Desafortunadamente, esto no ha sido generalizado ni forma parte de la vida cotidiana. Por el contrario, en la era de la posverdad y la propaganda política permanente, la sombra de la opacidad invade con escasa resistencia.
En el caso del gobierno federal, el Presidente de la República ha instaurado la tradición de los “otros datos” con dichos falsos o rara vez verificables. Desde su presencia privilegiada en medios de comunicación, ha criticado la labor del órgano nacional de transparencia y ha reiterado la posibilidad de desaparecerlo por considerarlo inútil y caro. Sin ir más lejos, el año pasado, envió aquel decreto que permitía reservar información sobre obras públicas del gobierno federal por considerarlas de interés público y seguridad nacional. El llamado “decretazo” fue finalmente suspendido por un juez.
Sin embargo, a la vista de todos y de manera gradual, en los últimos diez años se han transferido 227 funciones civiles a las fuerzas armadas. Según el Inventario Nacional de lo Militarizado elaborado por el CIDE, las labores no se limitan a tareas de seguridad pública sino a labores de educación, salud, política social, conservación ambiental, obra pública y comunicaciones. De este total, el 53 por ciento han sido transferidas en la presente administración. En el inventario se destaca que las fuerzas armadas han recibido al menos 4 mil 530 millones de pesos en recursos que originalmente estaban asignados a instituciones civiles. Frente a estas nuevas responsabilidades se requiere máxima apertura y vigilancia, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional es de las instituciones que bajo el argumento de seguridad nacional puede reservar información. No en balde esta institución ocupa el primer lugar en inexistencias de información.
En las entidades federativas la operación opacidad ha pasado también por el control de los órganos de transparencia locales. En Veracruz, un día después de terminar su gestión, fue encarcelada la excomisionada Yoli García sin que los delitos que se le imputan ameritasen prisión preventiva oficiosa. Los otros dos comisionados acusaron de recibido y renunciaron al cargo. En Tlaxcala, el Congreso del Estado destituyó a tres comisionados por supuestas omisiones en su encargo. La misoginia con la que se trató a la entonces comisionada presidenta terminó en instancias de defensa de derechos humanos que ordenaron una disculpa pública. En Morelos y Oaxaca, los Congresos hicieron reformas a modo para renovar a los órganos de transparencia y colocar comisionados leales. Todo esto sin mayor resistencia ni respingo social. El reconocimiento de un derecho es un primer paso. Hacerlo exigible no debería tomar otras dos décadas.
Analista de transparencia y rendición de cuentas.
@louloumorales
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