La burocracia suele tener mala fama. Detrás de la imagen del burócrata aparecen los Gutierritos, los policías “mordelones”, la secretaria perezosa que come una torta mientras el teléfono suena interminablemente. Estereotipos que buscan explicar las ineficiencias de los gobiernos y las deficiencias de los servicios públicos. La realidad es que sin burocracia no puede haber instituciones y sin instituciones es imposible imaginar el funcionamiento de los gobiernos.
Con esta idea en mente, la ONU eligió el 23 de junio para reconocer el trabajo de los funcionarios públicos. Celebrado desde el 2003, el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública destaca la contribución de quienes con su esfuerzo, conocimientos y creatividad buscan mejorar la vida de las personas.
La pandemia quiso que la edición de este año ocurriera de manera virtual. La jornada estuvo dedicada a quienes desde distintas trincheras, trabajan para enfrentar las desastrosas consecuencias económicas, políticas y sociales sembradas por el coronavirus. Las prioridades han cambiado para casi todos. Los gobiernos están obligados a reinventarse.
Derivado de este encuentro, se hicieron recomendaciones que coinciden en la necesidad de desarrollar capacidades; institucionalizar planes de emergencia y respuestas rápidas; colaborar con otros sectores para sistematizar aprendizajes; desarrollar liderazgos capaces de empatía; responder sin dejar de rendir cuentas; y, destinar recursos para la crisis presente y futura.
La situación en México no podía ser más anticlimática para este debate. La actual administración inauguró su modelo con políticas de austeridad que puso en la calle a casi 20 mil funcionarios de 200 instituciones federales.
La Ley Federal de Austeridad Republicana ordenó nuevos recortes que tomaron fuerza con el decreto presidencial de abril. De un plumazo, y sin mayor diagnóstico, se eliminaron 10 subsecretarías, se ordenó la extinción de fideicomisos públicos y, con cuestionable legalidad, se propuso la reducción de hasta el 25 por ciento de los sueldos de altos mandos.
En el afán de acotar, señalar y desaparecer instituciones, la semana pasada dos instancias encargadas de derechos fundamentales fueron decapitadas y una amputada. En el primer caso se trata del Conapred, órgano sectorizado a Gobernación cuyo objetivo es prevenir y eliminar toda forma de discriminación y procurar la igualdad de trato. Su diseño permite formular propuestas de política transversales. Con un presupuesto limitado, ha tenido conquistas importantes como el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Su titular, Mónica Maccise, renunció luego de que el Presidente descalificara injustamente su trabajo y anunciara la desaparición del organismo.
Horas después, Asa Cristina Laurell renunció a la Subsecretaría de Integración de la Secretaría de Salud. La razón: la pretensión de su titular de desaparecer el área a su cargo. En un artículo publicado el día de su renuncia, alertó sobre la amenaza que pende sobre el sistema de salud por la ausencia de una visión de futuro.
Finalmente, el viernes trascendió la renuncia de Mara Gómez, titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas. No deja de ser desalentador que estas tres renuncias provienen de mujeres, con trayectorias reconocidas, que trabajaban en instancias producto de conquistas y exigencias ciudadanas.
En su libro sobre La sociedad decente, Avishai Margalit define a la dignidad como el honor social a la que se debe cualquier ser humano. Es la expresión del respeto al que se deben las personas. Lo contrario es la humillación, el comportamiento arrastrado. Con sus renuncias, estas mujeres dieron prueba de dignidad política. Una forma de mostrar congruencia con los principios del servicio público.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
