La noche del 6 de julio de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, candidatos a la Presidencia de la República, marcharon a la Secretaría de Gobernación para hacer un llamado a la legalidad.
En realidad era una denuncia pública sobre el cúmulo de irregularidades registradas durante la jornada electoral. La eliminación selectiva de ciudadanos del padrón electoral, la privación y duplicidad de credenciales, el relleno de urnas y la victoria anticipada del PRI –antes de concluir el cómputo electoral– fueron señaladas en voz de doña Rosario. Luego se conocería la “caída del sistema”, maniobra atribuida al entonces titular de Gobernación, Manuel Bartlett, es decir, la abrupta interrupción del flujo de información proveniente de los 300 distritos electorales.
La fotografía de este parteaguas electoral retrata a un Cárdenas joven y delgado, de mirada desafiante y gesto adusto. Avanza brazo a brazo de Luis H. Álvarez y un poco más lejos, del lado derecho, camina Manuel J. Clouthier quien abraza de los hombros a un vigilante Diego Fernández de Cevallos. En medio de los dos candidatos, menuda y bajita está doña Rosario viendo directamente hacia la cámara.
En ese entonces, las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación. No había credencial para votar con fotografía. No había neutralidad en el conteo de votos. El gobierno controlaba los datos, tus datos. El inexistente derecho a la privacidad estaba a merced del sistema político. Los medios de comunicación solo tenían espacio para un solo partido.
La competencia electoral, cuando parecía amenazante, era eliminada a la mala. Así lo sabrían los más de 600 perredistas asesinados a lo largo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Sobre los cimientos de la violencia y la desconfianza fue que se erigió el árbitro electoral. Cada una de las reformas que emanaron de los órganos de representación popular buscaron consensuar nuevas reglas. Dar certeza, credibilidad e incluir la mayoría de las voces fue el acuerdo básico entre partidos políticos. Un pacto de civilidad a favor de la convivencia pacífica. Así fue que se permitió que ciudadanos capacitados por otros ciudadanos fueran quienes contaran los votos el día de la jornada electoral. Inició formalmente la observación electoral y cualquiera podía constatar el respeto al voto libre y secreto.
Se creó un padrón electoral cuyos datos son celosamente resguardados de intereses políticos. Existe un documento de identidad con datos biométricos que es difícilmente falsificable.
Se estableció un servicio profesional electoral que permite construir carreras basadas en el mérito, el conocimiento y las competencias. Estas reglas sembraron pluralidad y alternancias.
Los partidos políticos se olvidaron del pacto de civilidad en 2003. En la designación de consejeros del IFE se excluyó a la izquierda. El árbitro electoral del 2006 falló en garantizar la equidad de la contienda. Creó un vacío de información que permitió las dudas y descalificaciones. Revivió el fantasma del fraude.
Otras dos reformas han tratado de enfrentar las desviaciones de un sistema de partidos costoso, excluyente y mayormente clientelar. El modelo electoral mexicano requiere ser revisado y mejorado. Pero aún así un árbitro confiable y capaz es indispensable para que las disputas por el poder no se solucionen a sillazos, como hemos visto en recientes asambleas partidistas. Con las reglas existentes llegó Morena a la Presidencia de la República. Con esas mismas, se renovarán cuatro lugares en el Consejo General del órgano electoral nacional. No, la historia no empezó en julio del 2018. Tampoco ahí es que termina.
Coordinadora de la Red por la Rendición de
Cuentas
