En agosto de 1971, el psicólogo Philip Zimbardo realizó un polémico experimento social en la Universidad Stanford. Con el apoyo del gobierno, reclutó a veinticuatro estudiantes universitarios y los distribuyó aleatoriamente en dos grupos: guardias y prisioneros.
La cárcel simulada se instaló en el sótano del Departamento de Psicología. El grupo de custodios recibió macanas, uniformes y lentes polarizados. El de los reos fue despojado de ropa, zapatos e identidad: ahora eran solo un número. El experimento —que debía tomar dos semanas— derrapó rápidamente en tortura psicológica y crueldad. El primer día, un reo tuvo que ser sacado en medio de una crisis nerviosa; el segundo, hubo un intento de motín; el cuarto, un amago de fuga; el quinto, una huelga de hambre; al sexto día, el proyecto quedó suspendido. El efecto Lucifer sintetiza la longeva obsesión de Zimbardo: en un mundo que no se divide entre ángeles y diablos, es necesario conocer el impacto de las fuerzas situacionales, es decir, las circunstancias y factores que determinan el comportamiento humano.
La selección de aspirantes para renovar cuatro asientos en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se topó con el efecto Lucifer. A diferencia de otros procesos de designación, el modelo anclado en la Constitución prevé una serie de fases y precauciones que buscan evitar la captura política del árbitro electoral. El proceso inició en febrero pasado con la designación de un Comité Técnico de Evaluación que incluyó a siete integrantes de reconocida trayectoria. Solo uno fue impugnado por su abierta militancia y cercanía con el partido en el poder: John Ackerman .
Aún así, el proceso siguió con las complejidades de la pandemia y cumplió con los mejores estándares de transparencia: se hizo una convocatoria pública abierta, se conoció una metodología avalada por la Junta de Coordinación Política, se elaboró un examen con reactivos que incluyeron propuestas de la sociedad, se hizo una ponderación basada en criterios públicos. Se hicieron entrevistas que pueden ser consultadas en un micrositio. Quienes participaron no son personajes que acumulan los “me gusta” masivos de las redes sociales, pero sí son ciudadanos con distintos niveles de conocimiento en el tema electoral. La integración de las cuatro quintetas —dos de mujeres y dos de hombres— siguieron un proceso riguroso de evaluación y se dieron a conocer públicamente.
Quienes han desacreditado el proceso y han sugerido violar la Constitución para imponer consejeros a modo, reproducen las prácticas de control político de 1988. Son las criaturas que según el esquema de Zimbardo, una vez que tienen un poco más de foro o de poder, revelan su naturaleza antidemocrática. Es buena noticia que la Cámara de Diputados haya hecho la diferencia. Lo es más la legitimidad con la que llegan quienes habrán de enfrentar un contexto político difícil en donde seguramente habrá que lidiar con la intolerancia.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Twiter: @louloumorales
