La pandemia desatada por la irrupción del Covid-19 ha traído nuevamente a debate la tensión que existe entre el derecho humano a la privacidad y el interés público sobre la salud de los jefes de Estado.
A la fecha, una veintena de Presidentes han contraído la enfermedad. Salvo el caso fatal del primer ministro de Swazilandia, todos han logrado una recuperación relativamente rápida y satisfactoria. Los poderosos son humanos, son mortales y hasta cierto punto, vulnerables. Una evidencia que contrasta con el acceso inmediato que los mandatarios tienen a tratamientos y atención médica especializada.
La salud de los presidentes en tiempos de pandemia constituye un tema de interés público por las posibles consecuencias de un final no deseado. El vacío de información alimenta el vacío de poder lo cual pone en riesgo la gobernabilidad y la viabilidad de una nación.
Por ello, si antes de la pandemia existían criterios preestablecidos sobre qué información sobre la salud de los gobernantes debía de hacerse pública y cuál no, ahora los parámetros de información requieren ser revisados. Lo que para muchos países antes era un tabú —tal y como lo demostró el caso de François Mitterrand quien mintió sobre su salud para poder competir por un segundo mandato— ahora se vuelve una necesidad de certeza y apertura.
En tiempos de Covid, la inmediatez de las nuevas tecnologías y las redes sociales han permitido que sean los mandatarios —o quienes manejan sus cuentas oficiales— quienes transmitan las primeras informaciones sobre el diagnóstico confirmado. Sin embargo, a partir de ahí, los confinamientos y el manejo de la información ha dependido de cada gobierno.
La Corte Europea de Derechos Humanos ha emitido criterios que podrían revisarse. El punto de partida es el reconocimiento de que una sociedad democrática tiene derecho a estar informada y en circunstancias particulares, se deben de incluir aspectos de la vida privada de personas públicas o políticamente expuestas.
En México desde la creación del órgano garante de transparencia, han existido solicitudes de información sobre la salud y el expediente clínico de los presidentes. El derecho a la privacidad ha sido el criterio predominante para responder sobre la supuesta depresión del entonces presidente Vicente Fox; el hipotético alcoholismo de Felipe Calderón y las cirugías de Enrique Peña Nieto. El juramento hipocrático de guardar silencio “sobre todo aquello que no debe hacerse público” ha sido el referente. Prueba de ello es la resolución del amparo que en 2013 interpuso la organización Artículo 19 para conocer el estado de salud del Presidente y el entonces Gobernador Fausto Vallejo. En la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito se estableció que no existía ninguna diferencia entre el Presidente de la República y cualquier ciudadano puesto que la ley protege los datos personales de todos independientemente del cargo que se ostente. Sin embargo, esta resolución omitió la prueba de interés público que podría haber delimitado los alcances de las excepciones.
Actualmente 18 gobernadores y el Presidente de la República han contraído coronavirus. Quizás sea buen momento para que en medio de tanta incertidumbre, se discuta sobre la viabilidad de publicar versiones públicas del expediente clínico o en su defecto, estrategias de información que eviten la especulación y permitan a la sociedad conocer sobre el estado de salud de quien tripula el destino de nuestra nación.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. @louloumorales
