En el viejo camino de Playa la Ropa en Zihuatanejo, Guerrero, todavía existe el Partenón de Arturo “el Negro” Durazo. La casa de playa inspirada en el templo consagrado a Atenea, perteneció al exjefe de la Policía capitalina y fue exhibida en los años 80 como trofeo del combate a la corrupción durante la fallida “renovación moral” del sexenio de Miguel de la Madrid. Desde entonces hasta ahora, la incautación de alguna que otra propiedad mal habida es publicitada como presea, sobretodo cuando hay alternancia. El sentimiento de que ya no hay intocables y de que al fin se hace un poco de justicia tiene el efecto de un efímero narcótico: el placer es sustituido rápidamente por el enojo de enfrentarse a una élite política y económica que cambia de color y de discurso pero que sigue desplazando el interés público para permanecer en el poder y enriquecer al grupo en turno.
La sociedad podría dejar de ser víctima silenciosa de este grotesco espectáculo si existieran las herramientas jurídicas que le dieran voz y vigilancia a las víctimas de la impunidad.
Con esto en mente, a fines de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe Corrupción y Derechos Humanos. En el extenso documento se describen las distintas manifestaciones del fenómeno. Con preocupación se señala el poder que ejercen agentes estatales y no estatales al someter a instituciones y gobiernos. Los llamados “esquemas criminales” de captura del Estado tienen manifestaciones locales y regionales, funcionan sistémicamente y su solución requiere información, coordinación y capacidades. La CIDH recomienda siete acciones pero subrayo dos: en primer lugar, las capacidades de realizar investigaciones eficientes, rápidas, transparentes y completas en el terreno judicial y administrativo. En segundo, el que las víctimas de la corrupción estén al centro de las políticas de combate a ese fenómeno.
En coherencia con estas recomendaciones, la organización TOJIL —que en maya significa “lo justo”— denunció ante la CIDH al Estado mexicano por corrupción en el caso Javier Duarte. La organización pide que se le reconozca el carácter de víctima de corrupción. Si el organismo admite esta petición se podrían acabar los arreglos en lo oscurito, habría más transparencia en el procesamiento de delitos y conductas de corrupción y se podría impugnar la actuación de jueces que omiten pruebas y que deliberadamente evitan el desmantelamiento de las grandes redes de corrupción, que claramente no terminan con la incautación de una casa con alberca y vista al mar.
Coordinadora de la RRC
