La fiscalización es una de las herramientas más eficaces para combatir la corrupción. Sin un adecuado control y vigilancia sobre el uso y destino de los recursos públicos es imposible detectar a tiempo desvíos, contar con evidencia para realizar investigaciones que generen consecuencias y, sobre todo, hacer correcciones puntuales para la mejora de políticas públicas.
Gracias a la fiscalización, la sociedad ha conocido sobre la existencia de redes de corrupción y malos manejos de recursos en sexenios pasados como la Estela de luz, la Estafa maestra, el caso Odebrecht y también de este sexenio como Segalmex o el Insabi.
Si las observaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación fueran tomadas en serio, se habrían corregido deficientes obras públicas que terminaron por cobrar vidas.
En el ocaso de esta administración y tras una revisión sobre las acciones y decisiones que se han tomado en torno a la fiscalización, hay suficiente evidencia para afirmar que lejos de fortalecerse, la fiscalización se ha debilitado. Sus resultados no solamente carecen de valor social, sino que también, no han contribuido a combatir la corrupción o a mejorar el desempeño de las administraciones.
Sería injusto decir que la responsabilidad sobre las deficiencias de la fiscalización recae exclusivamente en su titular, David Vásquez Colmenares, puesto que es la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia, quien debe llamar a cuentas a quienes realizan la labor de fiscalización. Sin embargo, sí se puede decir que el auditor, con el aval de la mayoría de los integrantes de la Comisión —ha tomado decisiones determinantes para el rumbo de la entidad de fiscalización federal. Resalto aquí tres de ellas: en el verano de 2021 y aprovechando uno de los periodos de receso de la Cámara de diputados, el Auditor promovió una modificación en el reglamento interior que eliminó al Consejo de Dirección —que funcionaba como órgano colegiado dentro de la institución y dotó exclusivamente al auditor especial de seguimiento de la facultad de interponer denuncias y solventarlas, excluyendo de esta tarea a los demás auditores especiales. Esta decisión generó ineficiencia e impactó sobre el número de denuncias tramitadas en la presente administración. Según los datos presentados por la propia ASF, solo 22 denuncias competen a la presente administración: el caso Segalmex y la Conade. Las 192 restantes provienen de las observaciones e información obtenida durante ejercicios de fiscalización anteriores. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados en 2023, los procedimientos sancionatorios han ido a la baja. En el periodo de 2014 a 2020 se acumuló un rezago de 6 mil acciones y recomendaciones que suman más de 309 mil millones de pesos que no han podido ser comprobados. De igual forma, ha habido una disminución importante en la recuperación de recursos públicos cuyo uso no fue comprobado.
La segunda decisión tiene que ver con las modificaciones al plan anual de auditorías, algunas inclusive un mes antes de la presentación pública de resultados. Si bien esta facultad compete al auditor, este no está exento de explicar las causas y justificaciones detrás de estos cambios.
Por último, están las reacciones frente a las críticas. Los auditores que se han atrevido a cuestionar decisiones, como es el caso de Agustín Caso Raphael, han sido despedidos u orillados a renunciar. La carta pública sobre la sumisión política que vive la institución merece llamar a cuentas a su titular. A menos de que los responsables quieran que siga la corrupción.
