Los informes presidenciales todavía están lejos de ser un ejercicio de rendición de cuentas. La reforma constitucional que sacó al Presidente del acto público de rendir cuentas frente al Congreso para manifestar el estado general de la administración pública, desvinculó aún más a la ciudadanía de la posibilidad de contar con datos veraces, comprobables y exigibles.
Con mucho menos parafernalia y sin el besamanos de otras administraciones, el mensaje del segundo informe presidencial fue la puesta en escena de una ficción. Fue, parafraseando a Umberto Eco, la estrategia de una ilusión.
El engaño y la negación sustituyeron a la cruda realidad de los feminicidios, de la militarización, de la violencia cotidiana y del combate a la corrupción.
El Presidente abrió su mensaje haciendo referencia a este fenómeno. La promesa de arrancar la corrupción de la vida pública fue la que lo llevó a la Presidencia. El rechazo a la apropiación de lo público fue el catalizador del hartazgo ciudadano frente al abuso. Ha sido y es su bandera de batalla.
Sin embargo, la estrategia desinfectante se ha quedado corta. El discurso moralizador tiene sus límites y el balance no es positivo.
La actual administración no ha logrado avanzar en la profesionalización de la función pública. Aunque en el informe escrito se mencione la relevancia del servicio civil de carrera, en los hechos, no ha sido así. De diciembre de 2018 a junio de este año han habido más de 9 mil 400 separaciones del cargo de funcionarios provenientes de un servicio civil de por sí vulnerable. El servicio civil de carrera está moribundo. Hoy en día, el ingreso a la función pública depende de la militancia de los que llegan. De la capacidad de resistencia de los que quedan. De la necesidad de aguantar austeridades, donaciones y rifas.
La función pública federal está sometida al tamiz de la austeridad extrema, Sin diagnóstico o justificación previa, las capacidades del Estado han sido reducidas. Estas medidas han significado un supuesto ahorro de 560 mil millones de pesos, según el informe, sin embargo, no queda claro si esto ha servido para mejorar servicios públicos o para dar mejores resultados.
Lejos de disminuir, la corrupción de ventanilla, ahí donde el ciudadano se relaciona con las autoridades para acceder a un servicio público, ha aumentado. Según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizado por el INEGI, a nivel nacional los sobornos aumentaron un 7.5 por ciento durante el primer año de esta administración.
De igual forma, la prioridad de los casos emblemáticos, con el encarcelamiento o el enjuiciamiento público de figuras de la anterior administración ha logrado el efecto de la propaganda. La otra cara de la moneda es la aplicación selectiva de la justicia en donde se perdona a los cercanos porque tienen una “buena causa” y se señala a los adversarios políticos sin respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Las redes de corrupción se reconfiguran, reacomodan y siguen.
Curiosamente entre los estigmatizados están organizaciones y medios de comunicación que cumpliendo con la ley, utilizan datos públicos e información como medio para contrastar el ejercicio del poder. Algo que sería normal en cualquier democracia no lo es en la actual realidad mexicana.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
