La llegada de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México es un hecho histórico que refleja más de 30 años de lucha por la participación y representación política de las mujeres en todos los espacios de la vida pública. No es, ni con mucho, el epílogo de la igualdad y la paz entre hombres y mujeres que el país necesita. Tampoco significa que “llegamos todas”, aunque el slogan suene bien. La Presidenta llega al poder con un proyecto político heredado, con un gabinete en el que al menos 27 funcionarios fueron designados por su antecesor, con un listado de programas sociales, obras públicas, reformas constitucionales de compleja ejecución y con un país que otorga demasiado poder y presupuesto a las fuerzas armadas.
Tiene razón la Presidenta cuando señala que ella es ahora la comandanta suprema de las fuerzas armadas. Sin embargo, los mecanismos disponibles para hacer rendir cuentas a quienes ejercen mucho poder y recursos públicos son escasos. Si sigue a pie juntillas la ruta de las reformas anunciadas en febrero, la capacidad de control sobre las fuerzas armadas podría debilitarse aún más.
Militarizar significa “dar carácter u organización militar a una colectividad”. La reforma constitucional con la que se despidió el gobierno anterior otorga el control de la Guardia Nacional –a cargo de tareas de seguridad civil- a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, la militariza, aunque no guste la palabra. Concede fuero militar a los elementos de la guardia nacional que cometan infracciones al expandir la jurisdicción de los tribunales militares y además otorga facultades de investigación sobre delitos.
Organizaciones sociales, académicos y activistas han documentado cómo la opacidad sobre las operaciones del ejército constituye un obstáculo para el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Si en algo se ha caracterizado la justicia militar es en la aplicación de principios de jerarquía y lealtad hacia los generales antes la ciudadanía.
Si a esto sumamos la cantidad de tareas en materia de gestión de puertos, aeropuertos, aduanas, obras públicas, infraestructura y gestión de empresas, se vuelve indispensable una política de vigilancia e información ajena a las fuerzas armadas para que así se conjure el inevitable abuso de poder.
Un vistazo a la Plataforma Nacional de Transparencia arroja que en los últimos 20 años el interés y preocupación por conocer lo que hace la Sedena con los recursos públicos se ha disparado. Existen 62 mil 684 registros de información pública y solicitudes de acceso a la información. En ese periodo se pasó de 69 solicitudes de información a más de tres mil ochocientas al año, de las cuales no todas recibieron respuesta y varias terminaron en quejas.
Preocupa que para la Presidenta la estrategia de seguridad y de atención a familiares de víctimas de desapariciones haya sido invisibilizada en la toma de protesta en el Congreso y apenas mencionada en los cien compromisos en la plaza pública del Zócalo. Para resolver la crisis de violencia que se vive en México, la Comandanta suprema habrá de asumir que en México se vive una tragedia que no se limita ni a Ayotzinapa ni a las administraciones anteriores.
Al día de hoy, dos personas desaparecen cada día en el país. Hacerse cargo y proponer respuestas será la forma en la que realmente lleguemos todas.
