El espectáculo de carpa que protagonizó Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del órgano electoral nacional en la Cámara de Diputados, está lejos de haber concluido. Lo que vimos el viernes pasado fue un episodio más de descalificaciones, insultos personalizados y francas distorsiones sobre la labor que realiza el árbitro electoral.
Tras el proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral salió airoso. Organizar las elecciones más complejas en la historia reciente, en medio de una pandemia, en un contexto de violencia y de recortes presupuestarios no significó la pérdida de confianza mayoritaria. Las tasas de aprobación hacia su labor, por encima del 60 por ciento, son hoy en día superiores a la de cualquier político en turno.
Por eso se equivocan quienes piensan que la carrera de resistencia ya terminó.
Eliminar al árbitro forma parte del proyecto político de quienes dominan la Cámara de Diputados. La narrativa se basa en que es una institución onerosa, despilfarradora e inútil. Exigen una reforma cuando en el fondo buscan eliminar los controles de legalidad, imparcialidad y certeza que garantiza la institución. Bajo esta óptica, los Consejeros electorales deben ser o peones o fusibles. Poco importa el servicio profesional electoral, la capacidad de desplegar un ejército de capacitadores en todo el territorio nacional y el compromiso de miles de ciudadanos que voluntariamente dedican su jornada a la recepción y conteo de votos en todos los rincones del país.
Sobre el argumento del despilfarro se sustentó el recorte de casi 5 mil millones de pesos al INE, es decir, 26 por ciento menos de lo solicitado para el 2022. En el monto solicitado se incluyen los 5 mil 821 millones de pesos de financiamiento público que por ley recibirán los partidos políticos y los 5 mil 743 millones que se requieren para realizar los ejercicios de democracia directa que exige el Presidente para mantenerse en campaña electoral permanente.
La Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados argumentó que el presupuesto debía compararse con lo ejercido por el órgano electoral en 2019. Sin embargo, tal y como lo dice la ley, de realizarse uno o ambos ejercicios de democracia directa, hay que capacitar funcionarios, contar con papelería e instalar 161 mil 490 casillas en todo el territorio nacional. Como si fuera otra elección presidencial, sin serlo. A esto hay que agregar los seis procesos electorales de las entidades federativas. Los partidos políticos van tras el árbitro. A falta de diálogo, que haya resistencia.
@louloumorales
