Cuando la eurodiputada Michelle Rivasi llegó a la sala de lectura de la calle Belliard en Bruselas para consultar los contratos firmados entre la Comisión Europea y la industria farmacéutica nunca imaginó semejante fiasco. Con el teléfono celular confiscado, sin cámara o grabadora a la mano y bajo advertencia de estricta confidencialidad, la empresa alemana Curevac permitió un vistazo a un contrato testado, es decir, tachado. Astra-Zeneca y Sanofi, seguirían la ruta de la apertura opaca.
Meses atrás, los eurodiputados habían votado una generosa ampliación presupuestaria de 6 mil 200 millones de euros para echar a andar una estrategia de vacunación regional. Sin embargo, bajo el pretexto de la emergencia, los gobiernos cedieron a las exigencias del Big Farma, en medio de negociaciones poco claras y a ritmo de las condiciones del mercado. Los precios, el calendario de distribución, las cláusulas de responsabilidad, la propiedad sobre las patentes, todo ha quedado en la máxima opacidad. En contraparte, los gobiernos exigen confianza ciega sin tener que rendir cuentas y sin querer asumir responsabilidades.
Manon Aubry, copresidenta del grupo de izquierda en el Parlamento Europeo lo resumiría muy bien: la ecuación es simple, dinero público, contratos públicos, patentes que deben quedar en el dominio público. Y sin embargo no es así. Los europeos no son los únicos en las sombras.
La validación de las distintas vacunas contra la Covid-19 arrojó apenas una ventisca de esperanza sobre la anhelada inmunidad. La pandemia volvió a evidenciar las desigualdades cuando en solo unas semanas, diez países acapararon el 72 por ciento de las vacunas disponibles. Cerca de 130 países se quedaron haciendo fila para acceder a las dosis deseadas.
Los esfuerzos promovidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para lanzar un plan mundial de inmunización se han topado con capacidades diferenciadas en almacenamiento, distribución, inversión y recursos humanos. La propuesta de una “vacuna para todos” se parece más a un buen deseo que a un auténtico compromiso colectivo. Para ello se requiere de mayor transparencia, menos voracidad y mucha más coordinación. Aun así, esto es una bomba de tiempo. Como bien señala Oxfam, si el virus está en algún lado, terminará por estar en todos lados.
Aunque México se encuentra entre los países que ya iniciaron la vacunación, el ritmo ha sido lento y centralizado: apenas 3.37 dosis por cada 100 personas.
El país no solo no lo ha hecho mejor que otros en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino que a la fecha no se tiene claridad sobre el uso de los recursos públicos para la adquisición de vacunas ni sobre el número real de dosis ya adquiridas (no solamente las prometidas). Encima de todo, la extraña decisión de incorporar a los llamados siervos de la nación en las brigadas de vacunación ha despertado el fantasma del acceso condicionado a derechos en tiempos electorales.
En el Congreso, el punto de acuerdo para conocer detalles sobre los contratos con las farmacéuticas se ha topado con reservas de información. Ni siquiera se han podido producir versiones públicas. Solo a través de filtraciones hemos conocido de los precios diferenciados, de las restricciones impuestas sobre donaciones y reventas de dosis no utilizadas, de la exoneración de las farmacéuticas en caso de efectos secundarios. Las vacunas son un bien público sin restricciones. La opacidad no alcanzará para exonerarlos.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.
@louloumorales
