El artículo de José Reveles y Jacinto Munguía “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte” como parte de una investigación llevada a cabo en el marco de Fábrica de Periodismo, y publicado en Aristegui Noticias, (26 y 27 de noviembre, 2023), debería de haber provocado una reacción pública fuerte y llevarnos; como sociedad; a insistir en clarificar no sólo las responsabilidades del ejército como institución en acciones claramente ilegales y criminales, sino, sobre todo, en torno a la naturaleza del régimen y de los gobiernos que lo usaron ilegítimamente para deshacerse de la oposición radical y seguir pretendiendo que el partido único era la vía adecuada para administrar un país como el nuestro.
El artículo de Reveles y Munguía tiene una fuente de información privilegiada: el propio ejército. Se trata de una serie de documentos para uso interno de la fuerza aérea elaborados durante el gobierno de Vicente Fox por la Sedena “Con motivo de los hechos ocurridos en los años setenta en el estado de Guerrero relacionados con la guerrilla que tuvo lugar en esas fechas y en donde se encuentra involucrado personal militar”, es decir, un documento que registra un tipo de operaciones ilegales llevadas a cabo como parte de la “guerra sucia”.
De entrada, sería interesante conocer las razones que motivaron a la presidencia y a la Sedena a ordenar y elaborar de manera detallada la crónica de una serie de crímenes de Estado —perpetrados entre 1974 y 1981— en una base aérea y cómo llegó a manos de los periodistas. Nada de lo asentado en los documentos es hoy una verdadera sorpresa, pero pocas veces, si es que alguna, el público había tenido la oportunidad de confirmar de forma tan contundente viejas sospechas sobre la naturaleza de la “guerra sucia”.
El documento de la Sedena al que se hace referencia es sólo parte de una colección de 32 tomos. El artículo de Reveles y Munguía se centra en lo que, en otras circunstancias, serían datos poco o nada relevantes: las bitácoras de vuelo de una aeronave Aravá Mat, 2004 (aunque luego se le cambió la matrícula) estacionada en la base aérea militar No. 7 de la 27 zona militar en Pie de la Cuesta en Guerrero. En ese avión, y según testimonios del 20 de junio de 2001 de un subteniente mecánico ya retirado de la FAM y posteriormente de otros oficiales, una y otra vez a lo largo de cinco años se apilaron hasta ocho cadáveres de personas recién ejecutadas en la base aérea con un disparo en la nuca de una Uzi, para posteriormente meterlos en sacos con piedras y depositarlos como como carga del avión previamente acondicionado para tal fin. El ejecutor directo, a veces vestido de civil, era el general Mario Arturo Acosta Chaparro. Ya cargado el Arabá se adentraba unas cincuenta millas al mar abierto, descendía y policías militares arrojaban los cuerpos al mar. Los hechos descritos por el subteniente ante fiscales militares que le interrogaron, fueron los del primero de muchos otros vuelos que se llevaron a cabo entre 1974 y 1979.
La documentación examinada por Reveles y Munguía demuestra que, como en cualquier operación militar, la cadena de altos mandos fue siempre y puntualmente informada hasta llegar al secretario de la Defensa y al comandante de la Fuerza Aérea. Y para la tripulación de la aeronave siempre hubo un sobresueldo de 50%, más ascensos por “actos excepcionalmente meritorios... contra delincuentes en el estado de Guerrero”.
Por la vestimenta de los ejecutados, uno de los testigos afirmó que las víctimas eran una mezcla de campesinos con gente de ciudad y no sólo de Guerrero, sino provenientes de una prisión de la Ciudad de México. Pero lo más sorprendente es que algún testigo supuso que entre los ejecutados había elementos provenientes de las propias filas del ejército. La mayoría eran varones, aunque también hubo mujeres. ¿Cuántos fueron los ejecutados y lanzados al mar? El cálculo es que el Arabá hizo cuando menos 54 vuelos con 350 cadáveres.
Del documento se desprende que en la base aérea se sabía de las ejecuciones y los vuelos —que siempre tenían lugar en las madrugadas— pero se hablaba muy poco de ello bajo la premisa de que las órdenes se cumplían y más valía no preguntarse ni averiguar sobre su lógica e implicaciones. En teoría, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, quedo claro que ningún militar está obligado a cumplir órdenes que constituyen un crimen. Sin embargo y siendo realista, ¿qué subordinado se le iba plantar a generales como Acosta Chaparro en defensa de los derechos de los prisioneros?
La documentación deja claro que el secretario de la Defensa era el responsable de la operación criminal, pero debemos suponer que el Presidente de la República supo y aprobó los asesinatos como parte de lo que en esa documentación simplemente se califica de “los hechos ocurridos en los años setenta en el estado de Guerrero, relacionados con la guerrilla”. Al final, todo ejército es un instrumento de la política, pero cómo y para qué se le emplee es responsabilidad del régimen y de la sociedad que lo genera y sostiene.
