El Estado , el gobierno y la sociedad mexicana necesitan a sus fuerzas armadas, pero unas que no tengan debilitadas sus defensas anticorrupción.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta hoy a una crisis que también puede transformarse en una oportunidad para acelerar el buscado cambio de régimen. El “caso del general Cienfuegos” pone a la Cuarta Transformación ante la disyuntiva de soslayar o enfrentar a los remanentes del viejo fuero militar —el privilegio de exentar a los miembros del ejército de ser juzgados por el sistema de la justicia civil por faltas civiles— que aún persisten en México pese a que esa modalidad legal para los militares (y miembros del clero) fue abolido por los liberales en el siglo XIX.
La aprehensión en Estados Unidos del general de división y exsecretario de Defensa de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, acusado de usar su posición para proteger a una organización criminal, se ha convertido casi en una confirmación de la sospecha a nivel nacional e internacional de la captura por el narcotráfico de un segmento de los altos mandos de las estructuras de seguridad del Estado mexicano.
El aparato de justicia norteamericano aún debe probar fehacientemente que el general y su otro prisionero mexicano de élite, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, son culpables de lo que se les acusa, pues de lo contrario se habrá hecho un agravio enorme a México y a sus instituciones. Sin embargo, debemos prepararnos para lo peor: que los fiscales norteamericanos prueben sus acusaciones. ¿Qué hacer? A la Policía Federal organizada por García Luna ya se le desbandó y se le está sustituyendo por un cuerpo nuevo y, esperamos, blindado contra la corrupción: la Guardia Nacional, pero obviamente ese camino no se puede seguir con el ejército.
De probarse ciertas las acusaciones contra el general, la sociedad mexicana, su gobierno y, sobre todo, su ejército, no deberían parapetarse en el agravio o la resignación, sino transformar esta coyuntura en una oportunidad que difícilmente puede volver a presentarse y poner al día la relación entre el ejército, la autoridad civil y el sostén de ambos: la sociedad.
Desde hace mucho, la naturaleza de la estructura internacional de poder impide imaginar la posibilidad de un conflicto armado entre México y otro u otros estados nacionales. La única amenaza de un choque así provendría de Estados Unidos y, en ese caso, nuestro ejército simplemente no tendría posibilidades de éxito (véase una comparación de elementos de poder de ambos ejércitos en: globalfirepower.com).
Por otro lado, México simplemente no puede darse el lujo de mantener recluida en sus cuarteles a una fuerza armada, adiestrada y disciplinada de 277 mil efectivos y con un presupuesto que ronda los 150 mil millones de pesos. En realidad, las verdaderas tareas de nuestras fuerzas armadas son internas. Hoy, el enemigo real es el crimen organizado y si bien derrotarlo no debe ni puede ser sólo una empresa militar, la tarea no se puede hacer sin los militares, dadas las carencias de las policías.
Para evitar la captura de una parte de la dirigencia militar por el enemigo interno vía su gran capacidad de corrupción, hay que poner en marcha una política de depuración y vigilancia de las fuerzas armadas pero tal empresa no debe depender exclusivamente de ellas mismas. Debe ser un mecanismo que refuerce la confianza que el grueso de la opinión pública mantiene en el Ejército como institución fiable y eficaz y que nunca más dé pie a que Estados Unidos la ponga en entredicho.
