Como siempre, la agenda de la relación oficial de México con Estados Unidos está rebosante de problemas; la mayoría son ordinarios, pero no falta el puñado de extraordinarios. Es inevitable dadas la vecindad y la diferencia de poder e intereses entre los dos países.
Algunas de estas dificultades las resuelve el mero paso del tiempo —por ejemplo, la tensión provocada por el robo de ganado en la frontera a fines del siglo XIX—, otras se solventan mediante complicadas negociaciones —las reclamaciones por supuestos daños causados por la Revolución Mexicana o la transformación del TLCAN en T-MEC—; finalmente, hay las que simplemente se van administrando, pues no tienen una solución clara y definitiva.
Ejemplo del último tipo de complicaciones es el ocasionado por la presencia y actividad de los agentes del gobierno norteamericano en nuestro país —se calcula que puede haber hasta un millar de ellos— para combatir a la delincuencia transnacional . A raíz de la llamada “Iniciativa Mérida” (2007), en México opera una auténtica sopa de letras de agencias de Washington. Según reveló en 2017 la Secretaría de Relaciones, esas agencias son: FBI , CIA , DEA , DHS , ATF , OPDAT , ICE , ICITAP , USMS , OFAC , OIA , TSA , CBP , (Contralínea, 26/03/2017) y quizá también estén la NSA , la DIA o la CGI (Emeequis, 12/11/19).
A raíz de la detención del general y ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos , en Los Angeles el 15 de octubre pasado, bajo el cargo complicidad con el narcotráfico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó primero con sorpresa, pero también con prontitud. Primero, protestó, pues la acción contra el general la había venido preparando por años la Agencia Anti-Drogas ( DEA ) pero nunca compartió la información recabada con sus contrapartes mexicanas, lo que a ojos del gobierno mexicano fue una violación de la letra y del espíritu de los acuerdos de cooperación existentes entre los dos países en su lucha contra el narcotráfico . La protesta mexicana logró el objetivo inmediato pues Washington retiró los cargos contra el general. Sin embargo, AMLO decidió aprovechar la coyuntura y contestar a la sorpresa elaborada por la DEA con otra: una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y reglamentar la actividad de todos los agentes extranjeros que operan en México.
A diferencia de lo hecho por la DEA, la maniobra mexicana no viola ningún acuerdo, simplemente es un acto de soberanía pero que, en la práctica, pinta una raya frente al vecino del norte aprovechando el “incidente Cienfuegos” y el cambio de gobierno en Washington. La reforma fue aprobada rápido por el congreso mexicano pese a que el Procurador General norteamericano (que para las navidades ya no lo será) hizo público su descontento pues se declaró “perturbado” por la medida y extraoficialmente se aseguró la decisión mexicana congelará la “colaboración” entre los dos países, ( The Washington Post, 11/12/20). Las nuevas disposiciones atañen a todos los agentes extranjeros , pero en la práctica llevan dedicatoria para los norteamericanos, es decir, para los aquellos que en sus países ejercen funciones policiales, de inspección o supervisión de leyes. De ahora en adelante estos personajes están obligados no sólo a registrarse con las autoridades mexicanas, sino a informar sobre la naturaleza de sus contactos con funcionarios mexicanos. Estos, por su parte, deberán rendir de inmediato un informe sobre la naturaleza de cada contacto con los norteamericanos para que nuestro sistema de seguridad no vuelva a ser tomado por sorpresa en tan delicado campo.
Sólo el tiempo dirá qué tan efectivo será en un contexto de permanente asimetría de poder este nuevo empeño mexicano de reafirmar su soberanía vigilando a quienes desde fuera nos vigilan.
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