Hace 84 años el presidente Cárdenas desafió al conjunto de intereses extranjeros que explotaban el petróleo mexicano. Tras movilizar a la sociedad en apoyo de su arriesgada decisión, el general michoacano se salió con la suya. Cárdenas y México tuvieron suerte, pues ambos hubieran podido correr con la mala fortuna que quince años después tuvieron los iraníes en un empeño similar. Es más, si el desafío mexicano hubiera fracasado quizá el nacionalismo de Irán no hubiera intentado expropiar a la poderosa Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC).
En 1951 y tras una serie de desacuerdos en torno al reparto de la renta petrolera, la AIOC (controlada en 51% por el gobierno británico y que le daba a ganar más a Londres que a Teherán) fue expropiada. El apoyo popular a la medida y al primer ministro Mohammad Mossadegh fue enorme. Sin embargo, el gobierno de Irán ya no pudo seguir el ejemplo mexicano —funcionarios iraníes ya habían visitado a Pemex para estudiar de cerca su éxito— pues en 1953 Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado instrumentado por la CIA y el M16 británico (“Operación Ajax”). Con el tiempo el nacionalismo iraní cobró venganza: el golpe generado por la “Operación Ajax” terminó por provocar la “revolución de los ayatolas” y hasta hoy Teherán se mantiene como adversario de Washington.
Cárdenas y Mossadegh enfrentaron a los mismos imperialismos —británico y norteamericano— pero en un entorno externo muy diferente (bien señaló Maquiavelo que en política la fortuna suele ser un elemento decisivo). En 1938 la posibilidad de una nueva guerra mundial y la “Buena Vecindad” de Roosevelt limitaron las represalias imperiales contra México, pero en 1953 la Guerra Fría y Truman operaron en contra el nacionalismo iraní. Además, la política petrolera de Cárdenas se montó sobre cimientos ya construidos por la Revolución Mexicana.
La legislación minera del Porfiriato, a semejanza de EU, dio la propiedad plena de los depósitos de hidrocarburos a los propietarios de los terrenos, pero la caída de Díaz permitió abrir una puerta al nacionalismo petrolero. Un ejemplo: el título de propiedad No. 1 de un enorme terreno nacional en Minatitlán, “El Gavilán” (35,434 has.), que Madero entregó a Emilio Rabasa el 4 de enero de 1912 era “con exclusión del carbón y el petróleo que pueda contener el subsuelo”. Cinco años más tarde y con una guerra civil de por medio, ese principio de propiedad original de la nación del petróleo en un terreno ya privatizado se extendió a todo el territorio: el artículo 27 de la constitución de 1917 así lo declaró. Dos décadas después los gobiernos de Carranza, Obregón y Calles enfrentaron la presión abierta de los petroleros y sus gobiernos —Washington y Londres— para evitar que los títulos de propiedad o renta anteriores a 1917 fueran afectados por ese cambio del marco jurídico pues suponían, y con razón, que ese sería el primer paso para un aumento de impuestos y regalías.
La consolidación de la expropiación mexicana durante la II Guerra Mundial hizo disminuir la presión externa que pretendió revertirla, pero no tardaron en surgir fuerzas internas que la desvirtuaron vía la corrupción y la privatización paulatina de las ramas más redituables de Pemex, como la petroquímica. Finalmente, en 2013 la fuerza del neoliberalismo mexicano y del gran capital trasnacional desembocó en una reforma petrolera privatizadora en nombre de una supuesta eficiencia energética.
Los comicios de 2018 abrieron nuevo capítulo en la ininterrumpida lucha por el control de nuestra energía. Esa elección revivió con fuerza la alternativa energética nacionalista hasta convertirla en centro de la confrontación de los proyectos en que se juega el futuro de México. La lucha sigue.
