“Iguala es mía”

El Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa (ICVAJA), dado a conocer por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, transcribe llamadas telefónicas interceptadas donde el “A1”, un líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” que capturó a los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Tixtla, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, ordena: “Mátenlos a todos. Iguala es mía”. Y la bárbara y arrogante orden se cumplió al pie de la letra. Y es que, en efecto, en ese momento un poder fáctico criminal ya había logrado sustraer partes de Guerrero a la autoridad del Estado Mexicano. Lo había logrado poco a poco y de tiempo atrás —el informe considera que desde mediados del siglo pasado— y con ello le había arrebatado al Estado una característica esencial y sin la cual dejó de ser lo que debía ser: el poder que tiene el control efectivo de todo el territorio en que se asienta la nación.

El ( ICVAJA ) nos dice que para septiembre de 2014, la red de inteligencia operada por los tres órdenes de gobierno y muy activa en la vigilancia de la normal de Ayotzinapa, estaba al tanto del ambiente político que privaba en esa institución tradicionalmente levantisca, de la organización estudiantil y del propósito de ésta de hacerse presentes en la Ciudad de México, como parte de la tradicional concentración en Tlatelolco para recordar la matanza del 2 de octubre. Y estaban al tanto porque, entre otras cosas, el cuerpo de alumnos estaba infiltrado por informantes, sus comunicaciones interferidas y toda la movilización de los jóvenes que desembocó en la gran tragedia de la “Noche de Iguala” fue vigilada paso a paso por las autoridades. El ICVAJA no lo especifica, pero es lógico inferir que el grupo criminal que asesinó a los estudiantes —“Guerreros Unidos”— también estaba monitoreado por los mismos que observaban a los estudiantes. Además, la agencia antidrogas de Estados Unidos tenía interferidas comunicaciones de “Guerreros Unidos” y posiblemente también las de sus rivales “Los Rojos.”

Todos los datos hoy disponibles llevan a concluir que los responsables de las estructuras civiles y militares de inteligencia del Estado tuvieron información en abundancia de lo que sucedió antes, durante y después de que los criminales actuaran contra los jóvenes. Sin embargo, no hicieron nada por evitarlo y, parafraseando al personaje del “Romance Sonámbulo” de García Lorca, esas autoridades también sabían que en esa región ellas ya no eran autoridad y que Iguala ya no era su Iguala (la del 27º batallón de infantería), sino era de “Guerreros Unidos”.

El gran paso que ha dado el actual gobierno federal por empezar a desenredar el nudo gordiano confeccionado por la extrema corrupción del pasado y la brutal arrogancia del crimen organizado —“Iguala es mía”— que no sólo ha sometido a las autoridades formales, sino que las ha convertido en sus eficientes colaboradoras, debe ser el primero de una marcha rápida en pos de la recuperación de la esencia del Estado mexicano.

Y es que lo revelado hasta hoy es parte de una tarea donde el papel central se trasladará a la Fiscalía General de la República (FGR). Si esa institución independiente simplemente opta por seguir los pasos de la vieja PGR y si el Poder Judicial repite el triste papel que desempeñó en el arranque de la judicialización del caso, dejando libres a decenas de sospechosos, su responsabilidad será histórica en el sentido pleno del concepto, pues lo sucedido en 2014 en Iguala es una síntesis de terribles males endémicos y comparable a lo ocurrido en Tomochic, Chihuahua, en 1891-1892 durante el Porfiriato, o en Tlatelolco en 1968, entre otros ejemplos.

Ya es pasado el tiempo de que ningún poder criminal se vuelva a permitir la arrogancia de decir “Mátenlos a todos. Iguala es mía”.

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