El cambio de régimen que está en marcha en nuestro país es pacífico pero si se invierten los términos de la definición de guerra de Carl von Clausewitz, entonces se puede decir que la confrontación entre la 4ª Transformación (4T) y la derecha es la guerra por otros medios.
La reforma al Poder Judicial (PJ) es actualmente el frente más activo de la lucha política que se libra en México. Se trata de una especie de guerra de retaguardia donde el viejo régimen se retira peleando.
Por no haber sido la renovación del PJ parte de los procesos electorales del 2018, éste se ha convertido en un enclave del viejo régimen que obstaculiza las reformas impulsadas primero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora por el de Claudia Sheinbaum. En las elecciones intermedias de 2021, Morena y sus aliados volvieron a imponerse, pero sin alcanzar la mayoría calificada en el Congreso, para desde ahí seguir dando forma a nuevas reglas. En esas condiciones la oposición optó por la guerra de retaguardia: votar contra todas las iniciativas de la 4T. Esa “política del no” tuvo cierto éxito, pero las elecciones de 2024 le pusieron fin.
Tras su victoria con el 60% de los votos, Claudia Sheinbaum se propuso seguir con la reforma del PJ para neutralizar su carácter de enclave del viejo régimen. Y ya con mayoría absoluta en el congreso, Morena no recorrió la vía ya abierta por Ernesto Zedillo en 1994 -jubilar a toda la Suprema Corte y reducir su membresía de 26 a 11- sino que siguió el camino trazado por AMLO, uno novedoso incluso a nivel mundial: el del voto ciudadano.
La reforma constitucional que se aprobó el 15 de septiembre obliga a que el conjunto de miembros del PJ -ministros de la SCJN, el Consejo de la Judicatura, magistrados del TEPJF y magistrados y jueces de distrito- sean electos por el voto popular si cumplen los requisitos como candidatos y ganan un sorteo. El proceso se llevará por etapas e involucrará a más de 1,600 cargos judiciales que al asumir sus puestos tendrán una base de legitimidad similar a la que poseen la jefatura del Poder Ejecutivo y los legisladores, es decir, por mayoría de votos. Y es que por haber logrado en las urnas una mayoría calificada en el Congreso y los gobiernos de 24 estados. Morena y a sus aliados pudieron reformar la Constitución para hacer realidad una reforma al PJ, justamente en los términos propuestos por la izquierda.
Aquí conviene subrayar que de tiempo atrás AMLO había sugerido al PJ que fueran los propios miembros de ese poder quienes propusieran y discutieran los términos de una reforma que pusiera al PJ a tono con los cambios que estaban teniendo lugar en el entorno político mexicano, pero la propuesta no fue oída. También AMLO planteó que siguiendo el ejemplo presidencial y de la alta burocracia, el PJ redujera sus exagerados altos salarios y prestaciones para que cumplieran con la disposición constitucional que prohibía a los funcionarios públicos recibir una retribución mayor a la que recibía el Presidente. El PJ hizo oídos sordos a la sugerencia.
Finalmente, el gran trasfondo de la reforma judicial que se echó a andar se encuentra en la larga historia de corrupción e ineficacia del PJ. Entre otros factores fue justamente esa historia la que llevó en 1994 a Luis Donaldo Colosio a incluir en su discurso de toma de protesta como candidato presidencial del PRI la frase “Veo un México con hambre y sed de justicia”. El PJ tampoco hizo mayor esfuerzo por apagar esa hambre y sed, al contrario.
Casi en su total, el PJ ha rechazado la reforma judicial y en esa actitud ha contado con el apoyo del conjunto de la oposición de derecha -PAN, PRI, MC, el grueso de los medios de información convencionales más algunos del extranjero y un buen número de académicos e intelectuales- e incluso con el apoyo indirecto, pero claro, de miembros de la iglesia católica y del propio embajador norteamericano. Ese conjunto de actores ha montado una conspicua reprobación de la reforma al PJ, pero hasta ahora no ha podido conseguir un respaldo significativo en la opinión pública.
La guerra de retaguardia en el campo del PJ produjo el lanzamiento de una verdadera lluvia de amparos para anular la reforma. El más notable provino de una jueza -Nancy Juárez Salas-, que sin más ordenó borrar del Diario Oficial el texto de la reforma so pena de proceder por desacato contra la propia Presidenta. La respuesta presidencial fue clara y contundente: la reforma se mantendrá en pie porque el artículo 61 de la ley de amparo señala que ese instrumento no procede en caso de reformas a la Constitución. No deja de ser irónico, como lo observaron algunos medios, que ese artículo tiene su origen en una propuesta priista de 2012 para evitar que la izquierda usara al amparo para echar abajo la reforma energética de Peña Nieto.
La reforma judicial aún debe enfrentar la prueba de la realidad, pero hoy por hoy no pareciera que la guerra de retaguardia de la derecha pueda echarla para atrás.
