La represión y abuso de la autoridad durante el período en que el proceso político del México postrevolucionario tuvo lugar en el marco de un sistema autoritario fue una constante que se cubrió con el discurso del “nacionalismo revolucionario” y de la modernización económica. Solo con la publicación de trabajos con material de archivo y entrevistas como el presentado por Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart en Fue el Estado (1965-1990). Presentación, resumen y recomendaciones del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (2024), se puede apreciar la magnitud del lado obscuro de la estructura de poder que por casi un siglo controló la vida pública de nuestro país y que actuó lo mismo contra disidentes políticos que contra periodistas, contra poblaciones enteras desplazadas por la fuerza para la construcción de grandes obras públicas que contra sindicalistas o personas con orientación sexual “inaceptable”.
A la violencia revolucionaria desatada a partir de 1910 le siguió la otra, producto del choque de proyectos entre carrancistas, villistas y zapatistas. La victoria del primero no trajo la paz pues además del renacimiento del bandidaje y de sus rebeliones internas -la de Aguaprieta, delahuertita y escobarista- el nuevo régimen debió enfrentar a quienes buscaban destruirlo: los cristeros.
Durante la 2ª Guerra Mundial los sinarquistas fueron un objetivo prioritario de la represión, pero con inicio de la Guerra Fría el blanco cambio de signo y la violencia del régimen se cebó en los personajes y organizaciones de izquierda especialmente a partir del surgimiento de una oposición guerrillera (Ciudad Madera, en 1965) y de movilizaciones masivas urbanas como el navismo potosino o las estudiantiles del 68 y del 71. Estos estallidos de inconformidad política enfrentaron la represión “ejemplar” combinada con otra que se mantuvo fuera del ojo público. Ahora bien, esa violencia ilegítima siempre se combinó con el discurso oficial de respeto a la ley más una política exterior “progresista e independiente” y bien publicitada.
Fue el Estado es una narrativa muy documentada de la última etapa del ahora “antiguo régimen”, el priísta, que busca “el esclarecimiento de la historia oculta” de la represión sistemática contra la izquierda o contra quienes se oponen, obstaculizan o se desvían de las normas escritas o no escritas del régimen. El voluminoso documento busca la verdad de los hechos y justicia para las víctimas y su derecho a la exposición de las violaciones graves a los derechos humanos (VVGGDDHH) cometidas por un sistema autoritario entre 1965 y 1990.
Imposible resumir aquí la documentación, la narrativa y las implicaciones de lo contenido en los seis volúmenes de este Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MVEH). El listado registra a 8,594 víctimas de VVGGDDHH y que son las que el equipo de investigación pudo rastrear. El tipo de las violaciones registradas abarca desde la detención arbitraria hasta la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales tanto en contextos rurales como urbanos. Geográficamente, el mayor número de violaciones se dio en zonas rurales de Guerrero, Michoacán, Puebla, Hidalgo o Oaxaca, aunque en la Ciudad de México el fenómeno no fue menor. La documentación registra minuciosamente lo mismo a víctimas menores de edad que a personas de la tercera edad a mujeres que a hombres y trans. Varios eventos se califican de masacres y en este contexto el sexenio del incoloro Miguel de la Madrid cobra color: el negro.
Es verdad que la radiografía de las VVGGDDHH en México y en el período sólo excepcionalmente adquirió dimensiones comparables a las que entonces ocurrieron en Argentina o Chile, pero los presentadores dejan en claro que si por ejemplo el número de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas documentadas son menores en el México del “nacionalismo revolucionario” (504) que en las dictaduras abiertas del Cono Sur, el juicio moral sobre la naturaleza de la “estabilidad” política mexicana de entonces no puede ser menos severo.
La otra cara de la moneda del documento es la enumeración de los responsables que usaron a las instituciones públicas y cometieron VVGGDDHH en contra de miles de mexicanos y extranjeros. Los implicados incluyen a todos los presidentes del período y un buen número de secretarios de Estado, gobernadores, procuradores, jefes policiacos o del Estado Mayor Presidencial y líderes políticos. Esta lista de operadores de la maquinaria criminal incluye desde generales hasta los escalones inferiores de la jerarquía militar, policiaca o caciquil.
En suma, este documento publicado por la Secretaría de Gobernación puede dar pie a acusaciones que no debieran prescribir, así como a trabajos académicos y periodísticos de investigación y, desde luego, a una discusión en torno a la naturaleza de la responsabilidad individual como del régimen político del siglo pasado.
El título del documento hace referencia a ese grito que hoy se corea al reclamar el esclarecimiento de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 “Fue el Estado”, aunque de manera más específica fue el régimen político de entonces cuya naturaleza íntima —el uso ilegítimo y corrupto del poder— queda al descubierto con investigaciones como la aquí reseñada y que debe alentar a un examen más exhaustivo que ilumine las muchas zonas obscuras de nuestro pasado cercano para llevarnos a persistir en el esfuerzo por entenderlo y no permitir que vuelva a ser.
